Recientemente el gobierno decidió eliminar el subsidio de los combustibles a los transportistas lo que es una decisión correcta que debió de haberse producido hace tiempo y que solo por razones políticas se había mantenido.

Recordemos que  el decreto 183-11 estableció un mecanismo de compensación provisional por 3 meses de una suma equivalente a los impuestos al consumo de combustibles al gasoil regular pagados por los afiliados de los gremios de transporte de pasajeros y carga, bajo la justificación del aumento de los precios del petróleo en ese año, limitado al impuesto correspondiente a 3 millones de galones mensuales.

Como siempre acontece en nuestro país con las decisiones provisionales, esta de una duración contemplada de 3 meses se extendió por 5 largos años, a pesar de que desde el año 2014 los precios del petróleo se redujeron significativamente habiendo perdido todo sentido la extensión de una medida “provisional” para mitigar los efectos de la subida de precios en el 2011. En adición el volumen de galones mensuales aumentó de 3 a 4 millones.

Lo acontecido con este mecanismo de compensación es la repetición de lo que siempre ha sucedido en la relación de los gobiernos con los gremios de choferes: se establecen medidas distorsionantes que en vez de traducirse en beneficios para los usuarios del transporte lo que promueven es corrupción, mayor tráfico de influencia de los gremios de choferes y empoderamiento de los mismos para mantener secuestrado nuestro ineficiente e insatisfactorio sistema de transporte.

Pero también ha quedado demostrado que cuando los gobiernos deciden actuar lo que se creía imposible se hace posible, y queda el mal sabor de constatar que por desidia, temor o conveniencia se posterguen innumerables decisiones en este país, que de tomarse, cambiarían el rumbo positivamente a muchos de nuestros problemas estructurales.

Ahora que nuestras autoridades finalmente se armaron de valor para desmontar un mecanismo de compensación provisional que fue extendido por años y no tenía justificación desde hacía tiempo, deberían decidirse también a liberar a los usuarios del transporte público de personas y a los del transporte de carga del yugo que les han impuesto los empresarios del transporte en violación a la Constitución y las leyes, imponiendo un monopolio que lo único que ha traído es ausencia de calidad en el servicio y ha provocado que el tránsito en nuestro país sea no solamente caótico y peligroso con dolorosos records de registros de muertes en accidentes automovilísticos sino que se haya vuelto inmanejable porque todo el mundo aspira a tener una solución de transporte individual, para no ser una víctima más del malo y costoso servicio de los gremios de choferes.

Y no se trata de quitarle nada a nadie sino de devolver a todos el derecho constitucional a la libre empresa y el libre tránsito, para que el transporte de pasajeros y de carga en el país se haga bajo las reglas de una oferta plural en la que los usuarios decidan a quien contratar por las condiciones de calidad y precio, lo que produciría innumerables beneficios para los usuarios, para el precio de los bienes y servicios, para la calidad de vida de nuestra gente y la competitividad del país.

Esperemos pues que los aires de racionalidad y empoderamiento que insuflaron a nuestro gobierno para terminar con una absurda compensación de impuestos a los combustibles, también lo lleven   de una vez por todas a cumplir con el deber de terminar con el imperio de la fuerza de unos gremios choferiles que se han convertido en un cartel en el que los privilegios y rutas se imponen hasta con la muerte.