Es de todos conocido que los partidos son instituciones políticas que integran las instituciones de Estado, de allí la importancia de la calidad del relacionamiento que ellos establecen entre sí en los momentos cruciales para el discurrir del sistema político. Desde hace décadas, nuestro sistema de partidos discurre en medio de ruido, del desencuentro y por qué no decirlo, de la irresponsabilidad, como ha sido las actitudes y accionar de algunos de la oposición en el presente proceso electoral Ese comportamiento se torna más bronco conforme se van publicando los resultados de las encuestas de las diversas firmas encuestadoras sobre la intención de votos para las próximas elecciones presidenciales.

La presión de esas colectividades sobre la JCE para que esta les entregue más dinero del que en su tiempo legalmente les corresponde es un lastimoso ejemplo de ese mal comportamiento, de esa acomodaticia interpretación de la Ley que en cada momento hacen determinados partidos del sistema, que constituye un endémico lastre de nuestra sociedad. Al tiempo de exigir firmeza y apego a la Ley, el destacado sociólogo Cándido Mercedes, en diversos medios y en un minucioso, pertinente y documentado trabajo preparado para ser publicado en este medio, ilustra esa circunstancia. Con agudo uso del detalle y la esencia, desmonta los alegatos de los partidos arriba referidos y critica el comportamiento de la JCE por violar el procedimiento legal que rige el libramiento de recursos a los partidos y a las demás instituciones.

Es importante que las instituciones del Estado tengan un estricto procedimiento en los procesos de compra y contrataciones y del procedimiento de libramiento de los recursos para esos y otros fines. Esta circunstancia cobra particular trascendencia, cuando ese procedimiento debe observarlo una institución como el citado tribunal electoral, que por su naturaleza juega un papel esencial en el sistema político. Por eso, con justeza, se ha exigido firmeza ante la presión de algunos partidos de la oposición que, en el contexto de una coyuntura electoral y sabiéndose irremediablemente condenados a una derrota han sido sistemáticos en el tremendismo verbal y el chantaje/amenaza, aduciendo que el gobierno “prepara un fraude”. Lograron con esos medios que se les librasen ahora la parte de los recursos que por ley correspondía hacérseles en diciembre próximo.

Y es que el chantaje, el desconocimiento de regla elementales para la convivencia democrática de parte de algunos sectores de nuestro sistema de partidos, es la principal causa del sistemático recurso al “bajadero” para incumplir las leyes o los procedimientos que estas establecen para de esa manera “resolver” las periódicas crisis del sistema. Una lastimosa manifestación de la cultura política del país que, al ser ya estructural, constituye uno de sus peores lastres que impide que de una vez por todas tengamos unos niveles de institucionalidad que demanda esta sociedad en lo social, económico y político. Aparentemente los partidos mayoritarios del sistema son dos, pero en realidad culturalmente es uno solo. Sus principales dirigentes nunca han entendido que otros partidos tienen derecho a dirigir la cosa pública, del adversario hacen un enemigo. Un pecado original.

Cuando fueron gobierno lo demostraron con creces, ahora están en una zona en la que nunca habían estado: en la oposición y con amenaza de extinción. Una amenaza que sólo podrían superar aviniéndose a la observación de las reglas básicas de la democracia, vale decir, saber ser minoría, exigir que se le respete como tal, pero conscientes de que sólo a través del respeto a la mayoría y una nueva cultura de relacionamiento con los diversos actores y sujetos del sistema es que podrían, en algún momento, aspirar a ser nueva mayoría. Pero si hay una cosa difícil de superar o por lo menos mitigar, son determinados hándicaps de la cultura política. Y, definitivamente, no veo signos de que se mueven en esa lógica. Persisten en la bronca como arma política Por consiguiente, la respuesta del gobierno al chantaje de esa componente de la oposición ha carecido de solidez, no ha entendido que en determinados momentos la línea de la consistencia es cardinal, que no se puede institucionalizar un país si no se es firme en cuestiones de principios básicos, máxime cuando estos tienen rango de constitucionales. En ese sentido, en el gobierno primó uno de los lastres de nuestra cultura política, buscar “bajadero” cuando no había nada que “bajar” y sí de aprovechar un momento políticamente correcto y crucial en el que hay que decir NO al chantaje y a la calumnia como recurso de lucha política.

Siempre he dicho y, reitero, hay momentos en que solo mediante el apego a la ética de la responsabilidad pueden superarse determinadas coyunturas de alta complejidad, la presente tenía la ventaja de que asumiendo esa ética también se asumía la de los principios. La construcción de un relato o identidad política no se logra solo mediante logros materiales y morales en la gestión de lo público, sino en el apego irrestricto a lo institucional/legal. En este caso, la debilidad y falta de credibilidad de la oposición determina que sus amenazas sean balas de salva y con ellas no se quiebra ningún proyecto de poder y brindarle un “bajadero” fue darle un salvavidas a un náufrago. Una pena.