La situación del agua en el país no puede ser más alarmante, dramática  y catastrófica. Millones de dominicanos del campo y la ciudad sufren el embate de la precariedad del agua y de la mala calidad de la misma. El problema del agua camina a la par con otros desastres ecológicos y sociales que padece el país.

Estamos frente “la muerte de las aguas del país”, por contaminación, por mala gestión o escaso saneamiento. Muchas personas e instituciones, sin embargo, no  sienten el problema como suyo.  Miopía moral imperdonable frente al “hidrocidio” (analogía con genocidio) que aniquila nuestro mar, cuencas fluviales, ríos,arroyos, lagos, lagunas y humedales indispensables para la vida y la salud de las personas y otros seres vivos.

El “hidrocidio” dominicano es más que visible.Sólo el año pasado generó una escasez crónica de agua en unas 25 provincias de todas las regiones del país y para el 2020-2025 la escasez pudiera ser permanente, tal como lo advierte el Estudio “Contraste dela disponibilidad y demanda de agua por provincias”, publicado este año por el experto hidrológico dominicano ingeniero Gilberto Reynoso.

El agua potable es un elemento esencial para la vida humana y, junto con el saneamiento son factores necesarios para asegurar la salud y la dignidad de las personas, razón por la cual la distribución y uso de este recurso natural lleva consigo siempre implicaciones de tipo ético, que toman mayor relieve cuando su escasez afecta a  grupos y comunidades  pobres, vulnerables y marginados.

Una  gestión democrática del agua requiere crear de espacios y procesos de toma de decisiones que involucren a todos los actores implicados en la gestión del ciclo hidrogeológico tanto para consumo humano como para fines agrícolas, industriales o de generación de energía

El agua es un derecho de todos. En el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64/292, reconoció claramente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable y limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. También define el derecho al agua como el “derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para todos”.

El alcance de este derecho es reiterado en el 2015 por las Naciones Unidas  en el Objetivo 6 de la Declaración de los  Objetivos para el Desarrollo sostenible, que establece: “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como el saneamiento para todos”. La misma normativa hace referencia a  la obligación de los Estados de garantizar este derecho.

En este sentido,la incapacidad del Estado para garantizar la puesta en práctica y defensa de este derecho equivale a la privación de estederecho mismo. Constituye además una manifestación de ineficiencia en la reducción de la pobreza yde una calidad de democracia débil, insuficiente y “distraída”.Y hay que decirlo, millones de dominicanos son víctima de la privación de este derecho.

La responsabilidad  del gobierno dominicano para dar garantía de este derechollega tardía. Mediante el Decreto 265-16, el presidente Danilo Medina creó la Mesa de Coordinación del Recurso agua “como instancia de coordinación intersectorial encargada de la elaboración y aprobación de una estrategia integral  de manejo del agua en el país” en interés de preservar la cantidad y la calidad de los recursos hídricos del país”.¿Quién responde por la privación del derecho al uso  de agua en cantidad y calidad suficientes sufrida hasta aquí?

Cuando se observa el largo listado de los integrantes de la “Mesa” se llega a la conclusión de que en dicha Mesa “sobran personas ofaltan sillas”. A tantos, y tan “ocupados”, les resultará difícil “poner las cartas sobre la Mesa” por la doble moral que supone el ser juez y parte de un mismo problema, pero sobre todo porque le   falta una mirada más democrática de la gestión del agua.

Hace falta impulsar la “Democracia del Agua” desde la Sociedad civil. El agua no es asunto exclusivo del gobierno, de  ciertos ministerios o de los expertos. El agua es un derecho de todas las comunidades; los asuntos relacionados con el manejo de los recursos hídricos involucran a todos.

Una  gestión democrática del agua requiere crear de espacios y procesos de toma de decisiones que involucren a todos los actores implicados en la gestión del ciclo hidrogeológico tanto para consumo humano como para fines agrícolas, industriales o de generación de energía.

En estos espacios y procesos deben participar los gobiernos locales, los legisladores, los planificadores, los prestadores del servicio, los ciudadanos-usuarios, las universidades, iglesias, agricultores, juntas de vecinos y otras  organizaciones no-gubernamentales comprometidas con la defensa del medio ambiente y los intereses de sus comunidades,  con particular atención a la participación de las mujeres.

Procesos democráticos y participativos quiere decir también participación activa en la toma de decisiones,  gestión transparente y mecanismos claros y definidos, un plan de trabajo conocido por todos y mecanismos  de control y rendición de cuentas de los actores responsables de la gestión del agua y lucha contra la corrupción.¡El hidrocidio del país sólo puede detenerse con una ética y una democracia del agua!