Achacar la culpa de nuestros grandes males a terceros sin antes hacer un análisis crítico de los hechos es una práctica que entorpece la búsqueda de soluciones oportunas y eficaces a los principales desafíos que enfrenta la nación. 

Sin embargo, precisamente eso hacemos con frecuencia. Un caso patente que se repite como disco rayado es atribuir a EEUU la responsabilidad de liberar a grandes figuras del crimen organizado criollo después de cumplir las que consideramos penas “irrisorias” y conservando grandes fortunas obtenidas de sus actividades ilícitas. Cada vez que retorna uno de nuestros capos de renombre después de negociar condiciones ventajosas  a cambio de su cooperación con la justicia estadounidense (Quirino, Oreganito, Toño Leña, Rossó Peña,  Hiraldo Guerrero…), se repite el lamento por la afrenta que supone este hecho. Según esta apreciación, es preciso modificar el acuerdo de extradición con EEUU para remediar el repetido agravio a nuestra soberanía  y asegurar sanciones ejemplares para los transgresores en nuestro país.

Quienes argumentan en este sentido ignoran los hechos que condujeron en primer lugar a la extradición del alto militar cuyo reciente regreso al país ha suscitado nuevos lamentos en días recientes. El ex jefe de operaciones de la DNCD (2006-2008) fue apresado el 31 de octubre 2012 a solicitud y bajo fuerte presión de EEUU, precisamente porque el estado dominicano había ignorado durante años la necesidad de investigar y procesar al incriminado por su colaboración  y protección  a los grandes capos del narcotráfico desde su posición de autoridad en el organismo encargado del combate al comercio ilícito de las drogas. Tras recibir reiteradas presiones estadounidenses, Hiraldo Guerrero fue tardíamente separado de su cargo en la DNCD en 2008 (su visa había sido admonitoriamente cancelada por EEUU en 2005), pero el militar siguió sus actividades ilícitas hasta 2009 al continuar colaborando con los grandes narcotraficantes criollos desde su posición en la entonces Marina de Guerra. Sin ser sometido a la justicia dominicana, el coronel fue retirado del servicio militar- con ascenso reglamentario al rango de general de brigada- poco antes de ser imputado en Estados Unidos. Ante la desidia del Estado dominicano, el 30 de marzo 2010 la fiscalía federal sometió en Nueva York la querella contra el ex director de operaciones de la DNCD por su colaboración con el narcotráfico, amparada en los testimonios de Quirino y Rossó Peña, por entender que en definitiva en las autoridades dominicanas faltaba la voluntad para instrumentar el expediente contra Hiraldo Guerrero en nuestro país. Aun así, no fue hasta el 31 de octubre 2012  que el acusado fue apresado en Santo Domingo y se inició el proceso de extradición del ex oficial a Nueva York.

En resumen, de no ser por la iniciativa de la justicia federal de EEUU en solicitar y presionar insistentemente por la extradición del ex general, es muy probable que Hiraldo Guerrero nunca hubiese sido sancionado ni siquiera con los 42 meses de cárcel que cumplió desde su detención en octubre 2012, ni despojado de más de un millón de dólares que se vio obligado a entregar por el acuerdo de colaboración que negoció con la fiscalía de Nueva York. Aunque no se sabe a ciencia cierta, también es muy probable que uno a más de sus colaboradores ya hayan sufrido o próximamente sufrirán sanciones en EEUU por actividades criminales como resultado del testimonio  de Hiraldo Guerrero. Es evidente que el obstáculo para lograr condenas ejemplares de nuestros delincuentes no es el tratado de extradición con EEUU (recurso de última instancia, utilizado solo cuando la justicia dominicana no persigue oportunamente a los grandes capos del crimen organizado), sino la falta de acción enérgica de parte de nuestras autoridades en primera instancia.

Dejemos el disco rayado de lamentos por las sanciones “irrisorias” de la justicia estadounidense, abocándonos  a eliminar la impunidad entre nosotros, procesando judicialmente a los grandes capos criollos de manera oportuna.  Así es que evitaremos la vergüenza de que criminales criollos tengan que ser extraditados para ser sancionados en EEUU a su manera,  por nuestra falta de voluntad e iniciativa de hacerlo rigurosamente nosotros mismos.