Por culpa de los distintos gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas, las asociaciones profesionales convertidas en colegios mediante leyes especiales, se han convertido en espacios políticos desde los cuales sus directores hacen más por conseguir beneficios para sí mismos, que por promover un mejor ejercicio de sus respectivas profesiones.

Debido a esto gozan de poca credibilidad y respeto en nuestra sociedad, alcanzando muchos de ellos únicamente notoriedad por los violentos incidentes que se han desatado en más de un proceso eleccionario de estos colegios, entre las facciones representativas de los partidos mayoritarios.

En vez de hacer un trabajo que les merezca tener como miembros activos y directores a una mayoría representativa de su clase profesional, incluyendo los que gozan de mayor respeto y prestigio, se acomodaron en cuestionables disposiciones que hacen obligatoria su colegiatura, lo que los ha convertido en simples cobradores de cuotas y preceptores de beneficios, y los ha alejado de ser verdaderos e imparciales representantes de su clase.

Lamentablemente en nuestro país  los notarios a pesar de que deben  garantizar la autenticidad de declaraciones o firmas de personas, en muchos casos lo que hacen es legitimar todo tipo de fraudes y engaños.

Por falta de autoridad y de voluntad política en vez de destituir a los notarios y  abogados que se han prestado a tales viles actuaciones, hemos inventado todo tipo de formalismos y legalizaciones, para intentar cuidarnos de aquellos que están supuestos a dar autenticidad.  Sin embargo, mientras en otros países los actos no requieren de ninguna legalización notarial, ni sellos, ni certificaciones sobre la validez de la firma de los oficiales actuantes, aquí a pesar de exigir todo eso cada vez tienen menos credibilidad dichos actos.

Recientemente el presidente del Colegio de Notarios en un aviso publicado en la prensa informó a la población de  la aprobación de un reglamento que pretende obligar a  que a partir del día 6 de junio sea obligatorio el uso de un  “papel de seguridad notarial” mediante el cual alegan “impedirán las falsificaciones, alteraciones, suplantaciones, fraudes y abusos de confianza”.

Se trata de una medida a todas luces ilegal, pues a pesar de que pretenden invocar como fundamento legal la Ley 89-05 que creó dicho Colegio, la misma no le otorga capacidad para emitir dicha reglamentación, estando su capacidad reglamentaria limitada a dictar los reglamentos sobre el funcionamiento de dicho Colegio.

Pretender que todo acto, contrato, declaración que realicen personas  en el país ante un notario deba realizarse obligatoriamente en un papel cuyo monopolio de distribución estaría en manos de este Colegio, es no solo ilegal sino un absurdo que afectaría el clima de inversiones y la competitividad, imponiendo mayores trabas, dilaciones y costos a los negocios en el país, así como a las gestiones de las personas, sin que signifique  garantía adicional alguna de autenticidad.

Debe recordar el Colegio de Notarios que el problema no es la forma sino el fondo y que el mono aunque se vista de seda mono se queda, y que por tanto imponer un papel notarial de seguridad no es la solución a la alarmante situación de fraudes e irregularidades cometidas por notarios, sino destituir y sancionar a todos aquellos malos oficiales que han desprestigiado la profesión, causando grandes daños a personas y empresas, así como  al país.