En 1907  Estados Unidos de América desnacionalizó a miles de ciudadanas, incluso muchas retroactivamente, por el solo hecho de casarse con inmigrantes aun no naturalizados.

Esa ley, conocida como  “Expatriation Act of 1907”, fue modificada en 1922 y finalmente anulada en 1940, pero ya había trastornado las vidas de miles de leales ciudadanas y sus familias, pues algunas perdieron sus empleos, otras fueron amenazadas con ser deportadas y todas perdieron su derecho al voto después que este derecho les fuera concedido a las mujeres a partir de 1920. Más de un siglo después, los senadores Al Franken y Ron Johnson, el primero  demócrata de Minnesota y el segundo republicano de Wisconsin, han propuesto al Senado una resolución pidiendo perdón por la injusticia a las damas que fueron afectadas por el gravísimo error del Estado.

En otras palabras, a ese coloso de la democracia le tomó quince años reconocer que la ley tenía algunos defectos, más de treinta años admitir que toda la ley era injusta y prejuiciada, y más de un siglo para desagraviar a las personas perjudicadas mediante un reconocimiento de la injusticia cometida por el Estado en contra de sus propias ciudadanas.

En República Dominicana en pleno siglo XXI, estamos a la espera de que en breve el Poder Ejecutivo someta una ley especial de nacionalidad que permita continuar con sus vidas a los miles de ciudadan@s que llevan años en suspenso porque el Estado dominicano se ha negado a reconocerles su derecho a la nacionalidad de la que gozaban desde que nacieron y fueron declarad@s por sus progenitores e inscrit@s en el Registro Civil. Nuestro sincero deseo es que aprendamos de esta lección de la historia estadounidense para no tener que esperar un siglo hasta hacer justicia a l@s dominican@s que hemos sometido innecesariamente a un viacrucis sin sentido por la procedencia y condición inmigratoria de sus progenitores.

“Errare humanum est, sed perseverare diabolicum.”