La gran virtud, el gran descubrimiento de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, es hacernos ver una realidad que muchos no querían que viésemos hasta que fuese demasiado tarde, si ya no lo es. 

De lo que se trata es de poder político, es decir, de dotar de capacidad de votar en las elecciones nacionales a personas que obedecen a los dictados de otra nación, aunque hayan nacido aquí, para que puedan influir en el sistema político dominicano. 

Exactamente lo mismo que ocurre con los dominicanos en los Estados Unidos, con la diferencia de que aquel sistema no tiene peligro de perecer por la influencia extranjera, pero nosotros si. Este escándalo no tiene que ver con asuntos humanitarios. 

Si quieren verlo, propongan que esas personas no podrán votar en las elecciones o no podrán postularse para diputados o senadores, para que observen la reacción. Nosotros tenemos la culpa de haber permitido la invasión pacífica, y de no hacer socializado en los valores dominicanos a tantos hijos de haitianos que nacieron y residen aquí. 

Nunca los hicimos jurar por la bandera dominicana. Eran invisibles mientras estaban en los bateyes, pero hace quince años ya no lo eran, y nada se hizo. Ahora, como dice el Director de Migración, “algún precio habrá que pagar” por los errores del pasado. 

Pero que no se juzgue mal a la sentencia que no tiene la culpa. La decisión de nuestra Alta Corte simplemente nos quitó la venda, y nos obliga a actuar. 

Ese es su gran mérito. 

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