En la formulación de la política pública hay tradiciones que dan pena. Tal vez la más defectuosa sea la del tratamiento de la pobreza y los pobres por parte de los gobiernos. Aunque la igualdad constitucional de derechos debe conducir a una equidad en las prestaciones estatales a los pobres, lo que abunda es una discriminación negativa hacia esa parte de la poblacion. Las migajas que percolan en los subsidios sociales, por ejemplo, entronizan  su indefensión.

Para validar tal veredicto conviene comenzar con la definición del fenómeno. “En términos generales, la pobreza es entendida como la situación de privación que obliga a quienes la padecen a llevar una vida por fuera de los estándares socialmente establecidos. La pobreza es la exclusión como consecuencia de la carencia de recursos necesarios para acceder a las condiciones materiales de existencia típica de una sociedad históricamente determinada.” Existen varias metodologías para medir la proporción de la poblacion que califica como pobre. La más común es la de la Línea de la Pobreza, definida como el monto de los ingresos respecto a una canasta básica de consumo. Una segunda se refiere a las Necesidades Insatisfechas, la cual mide las carencias de infraestructuras físicas y sociales. Mientras otra es la de Pobreza Integrada, la cual combina las dos anteriores. Cada método tiene sus bemoles, pero en el pais prevalece el primero.

Según el MEPyD, la proporción de la poblacion que clasifica como pobre disminuyó sensiblemente en el 2023. “La pobreza monetaria disminuyó 4.7 puntos porcentuales con relación al 2022, al pasar del 27.7% al 23%.” “La pobreza extrema tambien bajó seis décimas en un año, de 3.8% a 3.2% en el 2023.” “Estas reducciones se deben principalmente al aumento del ingreso laboral per cápita, a una mayor generación de empleos formales y a la disminucion de la presión inflacionaria durante el pasado año.” De cualquier modo, las mujeres y los habitantes rurales son hoy día los segmentos más vulnerables en nuestro pais. Por otro lado, Alarma que en el periódico El Pais de Espana se reportó un reciente estudio que revela que el nivel socioeconómico bajo multiplica por tres el riesgo de padecer demencia antes de los 65 años.

Cuando esta situación de los pobres se asocia con la distribución del ingreso, la RD “tiene el mayor índice de desigualdad económica en Latinoamérica.” “El 10% de la población dominicana de menos ingresos percibe menos del 1% del ingreso nacional, mientras que el 10% de mayores ingresos percibe más de la mitad, con un 55%.” Esa desigualdad económica conspira contra la estabilidad de nuestra democracia por ser un caldo de cultivo de la inconformidad social.

El slogan de “primero la gente” no parece concientizar bien la política pública sobre pobreza. En este gobierno ha habido un incremento notable en los niveles de los subsidios sociales: aumento de dos millones afiliados a SENASA, la duplicación del subsidio a hogares en Supérate, las 715,000 familias cuyos niños disfrutan del desayuno escolar, el aumento de los comedores económicos y del Plan Social, el transporte escolar, las medicinas a hipertensos y diabéticos, etc. Pero la asignación presupuestaria para estos gastos en el 2024 se queda en apenas unos RD$44,391.500 millones en el Presupuesto General del Estado 2024.Captura-de-Pantalla-2024-03-10-a-las-5.26.41-p.-m.-728x400 Una migaja relativamente insignificante. De un total de RD$1,619,679,766,693 (donde la parte del gasto se eleva a solo RD$ 1,371,992,764,950) lo asignado a los subsidios sociales equivale solo a una ínfima y misera proporción. ¿Es eso justo? ¿Refleja el criterio de equidad social que debe primar en las asignaciones presupuestarias? ¿Contribuye ese nivel de gasto a la disminucion de la desigualdad? Y si ponderamos el futuro de los pobres respecto a las pensiones esperables, no cabe duda de que están atrapados en una celda social de la cual no tendrán posibilidad de salir si no se incrementan sus oportunidades. De ahí la necesidad de reformular la política pública sobre los subsidios sociales.

La primera pregunta que surge es si debemos por lo menos duplicar, a efectos de la pobreza monetaria, el subsidio de Supérate. En tal sentido, ¿debemos imponer condicionalidades a ese subsidio? En materia de energía parecería conveniente duplicar el monto, habida cuenta de que las pérdidas de las Edes no se producen principalmente por el consumo de los pobres. ¿No aplicaría lo mismo en caso del bono gas?

Surgen similares preguntas respecto a otras prestaciones del Estado hacia los pobres. En materia de vivienda, ¿se esta dando un bono suficientemente alto como para que el pobre pueda acceder a las viviendas del MIVET? ¿Se están construyendo viviendas dignas, en términos de diseño y espacio, o se construirán cuchitriles? En materia de educación, ¿se están asignando los mejores y mas caros docentes para las escuelas de los barrios mas pobres? Ya se suministran uniformes, computadoras, libros, transporte, desayuno y merienda, pero ¿hay otros insumos que podrían mejorar el rendimiento de los estudiantes que podrían subsidiarse. Y en materia de salud, ¿estamos atendiendo adecuadamente a las unidades de Atención Primaria en las áreas rurales? Cuando se comience a elevar el gasto del sector salud ¿deberían ser estas las más prioritarias? ¿Y que decir en materia de transporte y telecomunicaciones para los sectores más empobrecidos?

Las respuestas a las preguntas anteriores deberán ser mas contundentes en el caso de la pobreza extrema. Eso significa que su gasto en los diferentes renglones debe ser mayor. La pírrica contribución de la política contra el hambre y los programas de alimentación no destronan la responsabilidad social y en tales instancias el principio de solidaridad requiere de un mayor esfuerzo.

Evidentemente, la política pública contra la pobreza se queda muy corta en materia de visión de necesidades y asignación de recursos. Para reformular las prioridades del combate a la pobreza y la desigualdad debe aplicarse el lema marxista en una economía de mercado que se precia de socialdemócrata: "De cada cual, según su capacidad, a cada cual según sus necesidades." Quien no lo vea así solo tiene que referirse al Artículo 39 de nuestra Constitución, una primera parte del cual dice que ”todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condicional social o personal.” En el caso de los pobres, la política pública contra la pobreza debe duplicar los subsidios sociales para disminuir la transmisión intergeneracional del estatus socioeconómico. Y además de las asignaciones presupuestarias actuales debera ser más creativa y privilegiar a los pobres frente al resto de la poblacion. (Debera considerarse la opción de una renta básica universal  y crear condicionalidades que dignifiquen las migajas.) Si no se crean las bases para promover la movilidad social los pobres seguirán siendo pobre diablos. Sin una reformulación profunda y con la incapacidad de los pobres de llegar al poder esta sociedad seguirá hundida en la furnia de la injusticia social que prevalece actualmente. Lo estipulado por el Articulo 39 seguirá siendo una quimera y la desigualdad campeará por sus fueros.