Mucho se ha dicho sobre la abstención electoral durante las pasadas elecciones municipales celebradas el 18 de febrero 2024. Se ha llegado hasta lo risible cuando se afirma que la abstención fue planificada para favorecer a un partido, específicamente el que quedó en primer lugar, el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Se ha dicho que no hay antecedentes o precedentes con el nivel de abstención alcanzado. Esto último desmentido con estadísticas electorales. Hay otros analistas que han planteado causas vinculadas con la calidad de la representación y la antipolítica o negación de la política por ineficaz y costosa.

La otra mirada está sustentada en que la cuestión de la abstención es un fenómeno político que toca directamente la descentralización del Estado y la autonomía municipal, la pobreza y la desigualdad social y su vinculación con el voto, los conglomerados urbanos y las demandas pocos atendidas, el capital social y los lazos comunitarios. La alta abstención o es un fenómeno particular de República Dominicana y tiene manifestaciones superiores en otros países con rentas aproximadas y menos aproximadas.

Algunas de las miradas planteadas en este artículo pueden tener carácter de hipótesis.

¿Más descentralización más participación electoral?

En los países de América Latina con mayor índice de descentralización del Estado, la abstención electoral es inferior en relación a los países más centralistas. La descentralización y la desconcentración son políticas públicas que permiten la adquisición de fortaleza institucional para la prestación de servicios públicos. Más competencias, atribuciones y funciones para la prestación de servicios públicos provocan un efecto de motivación para la participación política.  Brasil, país con alto indicador de descentralización fiscal y Uruguay con democracia fuerte y por ende gobiernos locales fuertes, registran abstenciones de 29% y 14%, respectivamente. Por su lado, países con bajo nivel de descentralización y que tienen elecciones separadas como Costa Rica y el Salvador, sus abstenciones  electorales para los dominicanos serían escandalosas. En Costa Rica la abstención se comportó de la siguiente manera durante tres períodos electores:2002 un 77%, en 2010 un 72% y en 2024 un 68%. Mientras que en El Salvador se movió entre 67% y 70% durante las elecciones del año 2018.

La ejecución del gasto público en relación al Producto Interno Bruto (PIB) es un buen indicador para medir el nivel de descentralización. En algunos países se puede observar la predominancia de la lógica de mayor PIB menor abstención, y en otros todo lo contrario. La ejecución del gasto público de algunos gobiernos subnacionales de países más descentralizados, donde hay elecciones separadas, es considerablemente superior a donde hay menor descentralización. En Brasil hay un gasto público subnacional que corresponde 20.2% del PIB nacional, con una abstención electoral de 29%; en Uruguay es 3.8%, con abstención de 14%; en Colombia es de 10:5%, con abstención de 40%. México tiene la relación gasto público con PIB en 11.2%, pero rompe el esquema, porque en sus últimas elecciones de estadales y municipales se abstuvo de votar entre un 48%-50% de su padrón electoral. En las últimas elecciones municipales de Chile, año 2021, se registró una abstención de 56.59%. Su relación gasto público municipal y PIB es de 1.6%. Hemos querido presentar estos datos de Suramérica para llegar a la exposición de lo sucedido en Costa Rica (68% de abstención), con relación gasto municipal y PIB de 0.4%, el Salvador (67 a 70% de abstención) con 2.3% y República Dominicana (56.1%) con 0.5%.

La relación del gasto y PIB conduce a un análisis que puede servir para establecer hipótesis que permitan concluir que el volumen de recursos financieros gestionados por gobiernos locales es un determinante para movilizar el voto ciudadano. Las competencias y atribuciones en salud, educación, medio ambiente, infraestructuras de desarrollo, movilidad urbana, cultura, deporte, seguridad, protección social, vivienda y espacios públicos, Etc. están enlazadas con el poder económico y político para gobernar. Estos son parte de los incentivos para debates políticos de propuestas que tengan desenlace para el desarrollo y por efecto para la motivación de la participación electoral.

¿Más pobreza más participación electoral?

Observando más allá del dato general de abstención en los municipios (56.1%) y en los distritos municipales (42.2%), datos no reales, porque incluye a los dominicanos empadronados en el exterior, hay que considerar que el comportamiento de la abstención es muy desigual cuando se relacionan los municipios con más alto valor en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). De un total de 61 municipios, que son calificados dentro de los más pobres de República Dominicana y que tienen un NBI por encima del promedio nacional, en el 87% de esos 61 municipios la abstención fue menor al 50%, y en el 51% de esos 61 municipios la abstención fue menor al 40%.

Mirando el bosque completo de la abstención electoral municipal se puede observar que en el 78% de los municipios dominicanos hubo una abstención menor al 50%. En el 31% de los municipios se registró una abstención menor al 40. En ambos casos, con una mayoría de municipios localizados en la frontera, donde se cuantifican los peores indicadores de pobreza y cohesión social y territorial.

En los municipios pequeños, por un lado, y aquellos con más pobreza, por el otro lado, las relaciones personales, el compadrazgo, los lazos afectivos, la proximidad residencial y el reconocimiento cara a cara son alicientes para la movilización del votante. Condicionantes con poca presencia en las grandes ciudades dominicanas.

¿Más aglomeración urbana menos participación electoral?

Como se puede observar en el cuadro de más abajo, el 49% de la población votante de República Dominicana está concentrada en tan solo 13 municipios con más de 100 mil votantes. En estos conglomerados urbanos es donde se registran las más altas abstenciones electorales, a saber: encabezada por Santiago de los Caballeros, con un 68%, seguida por Santo Domingo Este, con 66% y SDO, el Distrito Nacional, San Francisco de Macorís, La Romana, Santo Domingo Norte y Puerta Plata con cifras superiores al 60%.

El fenómeno de la abstención en el nivel municipal en los grandes centros urbanos es parte de la historia electoral de República Dominicana. Desde el mismo momento en que se bautizó la modalidad de elecciones separadas, en el año 1998, se produjo una alta abstención, como son los casos de San Pedro de Macorís (64%), La Romana (63%), Santiago de los Caballeros (57%), el Distrito Nacional (55%), todavía no se había creado la provincia de Santo Domingo y sus diversos municipios.

Cuadro I

Porcentaje de abstención electoral en los municipios con población de más 100 mil habitantes MUNICIPIOSVOTANTES INSCRITOSVOTOS EMITIDOS%EMITIDOSABSTENCIÓN

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS50268316061332%68%

SANTO DOMINGO ESTE73929424769034%66%

SANTO DOMINGO OESTE29596310670936%64%

DISTRITO NACIONAL91802133618637%63%

SAN FRANCISCO DE MACORIS1471635518838%62%

LA ROMANA1353975099438%62%

SANTO DOMINGO NORTE34847013483939%61%

PUERTO PLATA1219704841740%60%

HIGUEY1310675564442%58%

LOS ALCARRIZOS1430235937842%58%

SAN PEDRO DE MACORIS1722307452943%57%

LA VEGA1827437850043%57%

TOTAL32089611140636

TOTAL, GENERAL VOTANTES RD6587723

Porcentaje de votantes en las 13 ciudades, en relación al total general de empadronados49% Fuente: elaboración propia, con datos de la Junta Central Electoral.

¿No desea la población urbana votar? El fenómeno urbano, en ambiente de poca institucionalidad municipal, se complica para el ejercicio ciudadano de votar. Los incentivos para votar son pocos. El gobierno más cercano a la gente es la administración local. Esto muy válido para los asentamientos humanos suburbanos y rurales. Razón por la cual se podrían movilizar más ciudadanos localizados en estos asentamientos.

A lo anterior se añade, que la gobernabilidad como procesos de intercambios de bienes y servicios públicos se ralentiza cuando se carece de oferta válida a las demandas ciudadanas en los grandes centros urbanos. La gobernabilidad es un proceso permanente de relación entre gobernantes y gobernados con el propósito de alcanzar bienestar social, económico y cultural. Esa relación requiere métodos de trabajo, recursos económicos, estrategias de penetración territorial, estructuras orgánicas, conciencia ciudadana-liderazgo político y la acción horizontal y vertical para la inversión de recursos en proyectos ajustados a las expectativas del votante. En los grandes conglomerados urbanos cuesta mucho encantar a la población y más en un Estado centralista y cuyas inversiones son más reconocidas por la población porque se ejecutan desde el nivel central.

Un motor de la gobernabilidad municipal, con alta posibilidad de darle legitimidad a los gobiernos locales de los grandes centros urbanos podrían ser el presupuesto participativo y el consejo de desarrollo municipal. No obstante, el 87% de los municipios dominicanos han reprobados en su calificación de ejecución y rendición de cuentas sobre lo comprometido en el presupuesto participativo. Estos dos instrumentos fortalecerían la democracia de proximidad, porque acercarían la política y la institucionalidad con la gente, fortalecerían el ejercicio de representación de regidores y regidoras (mayoría desconocido por la población) y el sentimiento popular e imaginario social se conectarían con los intereses del bien común.

Finalmente, la abstención electoral puede superarse con más calidad de la democracia municipal, la transparencia y la rendición de cuentas; mejor ejercicio de representación, con liderazgo político revestido de alta credibilidad, con gobiernos locales fuertes en sus competencias y atribuciones, con más autonomía política, financiera y administrativa como base de la descentralización del Estado y fuerte régimen de consecuencia. Estos puntos marcharán hasta buen puerto en la medida que las finanzas públicas locales se fortalezcan y exista alto nivel de coordinación entre el gobierno central, el gobierno local y la sociedad de los contribuyentes que pagan el presupuesto público.