Es un lugar común en nuestro país pensar que después de las próximas elecciones, no importa qué partido gane, el gobierno resultante tendrá que negociar o imponer una reforma profunda en el orden fiscal. Más profunda que lo que correspondería a cualquier país de América Latina, debido a que en la República Dominicana los problemas que se arrastran son mayores y persistentes.

Si bien tal situación es ampliamente conocida y asumida entre el liderazgo político, intelectual y empresarial del país, a la hora de la verdad todo el mundo procurará protegerse con miras a evitar asumir la parte correspondiente de los costos, por lo que desde ya buscarán contrarrestar cualquier iniciativa.

Recuerdo que, a inicios de la década de 1990, cuando se estableció el sistema tributario vigente, la idea central prevaleciente entre los economistas era la necesidad de bajar las anormalmente altas tasas impositivas que había en aquel momento, tanto del impuesto sobre la renta, los aranceles y los selectivos al consumo interno, pero generalizar su pago, cobrándolos sobre el verdadero valor (ad valorem) y suprimiendo exenciones.

Con ello se pretendió que todo el mundo pagara, pero impuestos moderados y no confiscatorios como antes; es decir, que, en vez de altos impuestos pagados por pocos, fueran bajos impuestos pagados por todos. Al discutirse parecía todo el mundo estar feliz con la solución, pero después se vio en la práctica que la intención de algunos no era pagar poco, era sencillamente no pagar nada, por lo que volvieron los cabildeos y el festival de exoneraciones que se mantiene hasta hoy. Entonces, en vez de altos impuestos pagados por pocos, o bajos impuestos pagados por todos, pasamos a la situación anormal de bajos impuestos pagados por muy pocos.

Debido a que la República Dominicana cuenta con el mismo set de impuestos que tienen la mayoría de los países latinoamericanos, pero con resultados diametralmente distintos en términos recaudatorios, los especialistas han concluido que la diferencia está en la profusión de exenciones y exoneraciones con que cuenta el sistema, que genera brechas por donde se cuela todo el que no quiera pagar, es decir, todo el mundo, excepto aquellos a quienes se les retiene en la fuente o los consumidores que pagan por vía indirecta.

Entonces, como se anticipa que cualquier reforma comenzará por la necesidad de suprimir exenciones, los sectores poderosos (y medios) tratarán de contrarrestar cualquier cambio, condicionando a la opinión pública y a las instituciones para la tradicional práctica de que a ellos no les llegue, mostrando lo bien que va el país como está.

Si de lo que se trata es de encontrar razones para eludir el cumplimiento de su responsabilidad social, siempre será sencillo, pues no hay cosa más fácil que encontrarle el lado negativo a cualquier impuesto: todos son malos.

Se argumentará que la urgencia de un gran pacto fiscal no es más que una falsa alarma, que no hay ningún riesgo en continuar el curso seguido y que lo mejor es dejar las cosas como están. Estos argumentos podrían resultar eficaces al tomar en cuenta que efectivamente a la economía dominicana le ha ido relativamente bien en términos macroeconómicos. Pero, ¿a quién es que le ha ido tan bien? No hay dudas de que existe mucha satisfacción o autocomplacencia por parte de aquellos que no tienen mayores quejas sobre el orden establecido.

Pero a la vez, casi todas las encuestas y estudios muestran un pueblo que siente una gran insatisfacción con lo que recibe o deja de recibir del Estado. Y aunque no lo dijeran las encuestas, las más variadas comparaciones e índices que elaboran organizaciones internacionales muestran a la República Dominicana con déficits crónicos en todo lo que concierne a bienes públicos, como salud, educación, saneamiento, calidad policial y judicial, organización urbana e infraestructura.

A todo ello se une la injusticia social derivada de que amplios sectores tengan frecuentemente que recurrir a comprar en el sector privado servicios que tendría que proveerles el Estado, dejando lo peor a los grupos de bajos ingresos.

La insatisfacción se refleja en que los dominicanos aparecen casi siempre entre los latinoamericanos que manifiestan más compulsivo deseo de emigrar, impulsando a muchos a arriesgar vidas y pertenencias con tal de salir del país, porque no se sienten cómodos ni seguros en su entorno, situación que sorprende a expertos y organismos que ven a República Dominicana como ejemplo de país exitoso.

Sería conveniente que los sectores de mayor poder económico colocaran a nuestro país frente a un espejo y, al ver reflejada la imagen, se preguntaran si eso es lo que deseamos para nuestra sociedad. Y si aun así esa imagen no los convence, entonces consideraran si no será un riesgo para la prosperidad de sus negocios o la estabilidad económica y social la persistencia del déficit fiscal y el endeudamiento.