En varias ocasiones anteriores nos hemos referido a la forma ligera e irresponsable en que se han ido estableciendo por ley cargas fijas del presupuesto nacional a favor de alrededor de una docena y media de instituciones y sectores, que son de imposible cumplimiento. Tal, por citar dos casos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que siempre anda con el agua al cuello a la caza de aportes extraordinarios por parte del gobierno y los ayuntamientos, que tienen asignado el 10 por ciento del mismo, lo que nunca han recibido y es más que evidente, nunca recibirán.

El Poder Judicial también tiene su asignación fija. A el debe corresponderle el 2.66 por ciento de los ingresos del Estado, lo que tampoco ha ocurrido. Pero el caso del Poder Judicial es distinto a los demás. Se trata de uno de los tres poderes públicos que sirven de base de sustentación al Estado. La clásica división de poderes que tipifica el sistema político en que se desenvuelve la vida institucional del país.

Si toda sociedad progresista requiere contar con un Poder Ejecutivo que gobierne en forma eficiente, honesta, con visión de estadista y proyección de futuro y un Congreso que legisle en forma responsable y en función de los mejores intereses del país, también precisa contar con una Justicia independiente, pulcra y eficaz en el desempeño de su elevada misión de asistir y medir a todos con la misma vara.

Pero así como se entendió que la puesta en vigencia de la ley del cuatro por ciento del PIB era indispensable para a partir de su aplicación, comenzar a dar los pasos adecuados a fin de hacer realidad el ideal de una educación de calidad, también el Poder Judicial requiere de la inyección necesaria de recursos para emprender las reformas que le permitan cumplir sus funciones de manera cabal.

Esta realidad la reiteró una vez más el pasado sábado, con motivo de la apertura del Año Judicial, el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, en presencia del Presidente de la República, Danilo Medina, advirtiendo que la Justicia Dominicana corre el riesgo de caer en un vacío por la estrechez de recursos de que dispone para desenvolverse.

El pasado año, el Poder Judicial recibió casi apenas la mitad del presupuesto que debió corresponderle por el 2.66 por ciento de ley. Para el presente, el aumento que se le ha concedido es mínimo, por lo que a todas luces le espera otro año cargado de estrecheces y precariedades.

La percepción que tiene la gran mayoría de los dominicanos del Poder Judicial es altamente crítica. Impacta la facilidad con que se otorga libertad provisional o se le cambia la medida de coerción de prisión a fianza, a elementos criminales, con hechos de sangre en su cuenta y un alto índice de peligrosidad; traficantes de drogas a gran escala; delincuentes con un abultado fichero policial donde figuran las más diversas fechorías y numerosas detenciones, los cuales debían tras las rejas y no gozando de libertad para seguir delinquiendo. Son fallos y situaciones difíciles de digerir que erosionan la confianza en el Poder Judicial y arraigan cada vez más la convicción de que la justicia solo castiga a los más débiles y pobres, mientras se hace de la vista gorda y exonera a los más influyentes y poderosos.

En ocasiones y en su defensa, jueces actuantes excusan sus actuaciones alegando que proceden conforme a los dictados del Código Procesal que es como una camisa de fuerza a la que tienen que ajustarse; en otras, culpan a los fiscales de no instrumentar adecuadamente los expedientes acusatorios que llevan a los tribunales huérfanos de suficiente carga probatoria o presentando fallos de procedimiento que son aprovechados por abogados hábiles para obtener el archivo de los mismos o el descargo de sus defendidos.

La realidad es que hay jueces tímidos, influenciables, temerosos de desafiar la amenazante criminalidad, inclusive proclives al soborno. Negarlo sería como tratar de tapar el sol con un dedo. Pero los hay también, y pensamos que son la mayoría, capaces, probos a todo dar e inmunes al soborno, que no admiten presiones ni sienten temor en doblegar intereses poderosos y aplicar la ley sin contemplaciones y sin importar los riesgos.

Ciertamente que es mucho el tramo a recorrer y los correctivos que es preciso aplicar para lograr el necesario ideal de una Justicia respetada y confiable. Con magistrados que dispongan de amplio conocimiento del Derecho conformando un Poder Judicial eficiente, responsable e independiente y esté en capacidad de rechazar todo tipo de presiones. Pero para poder continuar y llevar adelante ese necesario proceso de profunda reforma el Poder Judicial requiere de recursos suficientes para desenvolverse sin precariedades. En su caso, la carga fija asignada en el presupuesto debiera ser siempre respetada y no seguir, como hasta ahora, siendo la Cenicienta y el pariente pobre de los poderes del Estado.