En la sociedad dominicana se incrementan las preocupaciones de la ciudadanía relativas al aumento de la criminalidad, la violencia y los problemas vinculados a la seguridad de la población y sin una visión o abordaje de la multiplicidad de las causas.

En ese sentido, se convierte en un imperativo urgente la adopción de políticas integrales de seguridad pública y de esa forma impedir que el control del delito conduzca a la implementación de mecanismos de persecución e intimidación de los sectores excluidos y que estos se conviertan nueva vez en víctimas de un sistema desigual e injusto.

Las nuevas políticas, mecanismos e instancias que adopte la sociedad dominicana para la reducción del crimen, delitos y la violencia, debe cruzar por un profundo proceso de transformación de la Policía Nacional y sentar las bases para la  promoción y defensa de los derechos humanos, como único mecanismo para cumplir su misión de “proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizando el libre ejercicio de los derechos y libertades.”

En ese sentido, las políticas de reforma de la seguridad, deben distanciarse del enfoque y manejo militarista, para poder abordar el problema de forma integral, multicausal y desde una perspectiva de garantía de la dignidad de todas las personas en un Estado social democrático de derechos, de ahí  la necesidad de integrar en el debate de la agenda nacional la perspectiva de la seguridad pública.

La seguridad pública como política de Estado permite un abordaje desde una perspectiva humana, más sistémico, estructural desde aspectos culturales, sociales, económicos, políticos, considerando procesos y factores geopolíticos, nacionales, regionales y mundiales, entre ellos, estrategias, principios, mecanismos para administrar el territorio garantizando el desarrollo de forma planificada y sostenible.

El desarrollo de políticas de seguridad pública en la República Dominicana, debe partir de una visión estratégica, involucrando a todos los actores y sectores, entre ellos, las entidades del Estado, el sector privado, las organizaciones sociales, en el marco de la más estrecha coordinación interinstitucionales, reforzando una cultura de convivencia y desarrollando las potencialidades para el desarrollo nacional.

La promoción de políticas de seguridad pública con esa visión de integralidad, será una contribución a la reducción de la violencia y la criminalidad en el país, sustentadas en la adopción de una estricta planificación, ordenación del territorio y ejecución de acciones preventivas, de control y de garantías de los derechos fundamentales de toda la población en condiciones de igualdad y sin distinción por razones de ninguna índole, de preferencias o creencias.

El desarrollo de nuevas formas, intervenciones y políticas de seguridad pública son variadas, requieren profundas transformaciones institucionales y culturales,  devolver la confianza en las instituciones de seguridad y justicia e impulsar mayores niveles de participación de la población se convierte en componentes básicos del proceso de reforma y de protección de los derechos humanos.

Las políticas integrales y efectivas para reducir los problemas relacionados con la seguridad, debe orientar la intervención a políticas públicas que puedan reducir la desigualad, los niveles de exclusión de la población y los desequilibrios territoriales presentes, promoviendo un abordaje intersectorial, multisectorial e interinstitucional para la prevención del crimen y la violencia en la República Dominicana

El reto de la sociedad dominicana es poder comprender y dar el gran salto en el abordaje y pasar de la seguridad ciudadana a la seguridad pública, teniendo como eje de articulación un nuevo ordenamiento territorial, que apunte a criterios de igualdad de oportunidades para garantizar mejores condiciones para el acceso a servicios, infraestructura, empleo, desarrollo económico.

Las nuevas políticas en el orden de la seguridad pública, que desborde las limitaciones del enfoque de la seguridad ciudadana, deben apuntar  al tiempo y avanzar en la cohesión del territorio y ordenamiento en función a sus potencialidades y limitaciones, considerando que sin un nuevo ordenamiento territorial, las políticas de seguridad que se implementen serán inefectivas, coyunturales, transitorias y continuaremos en el esquema de represión y control de los marginados y excluidos.