La información de que las autoridades del Ministerio de Cultura, en Santiago, se proponían auspiciar la instalación de un restaurante en el quinto piso del Monumento a los Héroes de la Restauración, ha generado un intenso debate. El ministerio ha aclarado que no se trata de un restaurante formal, sino de una especie de bar de tapas.

Hay quienes se oponen de manera resuelta a toda posibilidad de que el Estado dominicano, en cualquier circunstancia, pacte con el sector privado para administrar, usufructuar o administrar alguna propiedad pública.

Otros, en cambio, consideran que conviene al interés público, representado por el Estado, que se permita a inversionistas privados participar de la explotación comercial de propiedades públicas, siempre y cuando se haga de común acuerdo con las autoridades y en base a contratos que rindan utilidades justas para ambas partes, además de garantizar la preservación y el mantenimiento del inmueble o bien objeto del convenio.

Debió de consultar a las universidades, a los gremios como la Sociedad de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

En muchos países los gobiernos de las ciudades o de los países convienen con inversionistas privados para administrar un bien público con resultados positivos para ambas partes y, sobre todo, para garantizar el mantenimiento y la preservación del patrimonio estatal.

Cierto es que una buena administración de un monumento, no importa que ésta sea pública o privada, puede aumentar su atractivo para nacionales y visitantes, y generar los recursos siempre necesarios.

Lo importante en todo caso es que se parta del ejercicio transparente de la administración pública.

Si el Ministerio de Cultura considera conveniente permitir la inversión privada en el Monumento a los Héroes de la Restauración, lo primero que debió hacer fue informar a la ciudadanía de Santiago de los Caballeros qué se proponía, por qué y por cuánto tiempo.

Debió de consultar a las universidades, a los gremios como la Sociedad de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Esto como paso previo para convocar a una licitación pública, transparente y con la participación de profesionales y empresas sin ningún privilegio ni tráfico de influencias.

Y lo más importante: Suscribir un tipo de contrato que garantice la integridad, el buen mantenimiento y la propiedad de ese patrimonio público, que establezca con claridad el tiempo de usufructo, los beneficios para ambas partes, además de las penalidades que conllevaría su violación.

El interés público y el interés privado no tienen que ser, necesariamente, incompatibles.

Pueden hallarse puntos de conveniente y armoniosa confluencia.