El gobierno del presidente Danilo Medina ha hecho cuanto ha sido posible para amainar las críticas, locales e internacionales, derivadas de la sentencia 169-13, que desnacionalizó a descendientes de ilegales haitianos nacidos en el país y merece por eso un reconocimiento que ya se expresa en amplios sectores de la sociedad dominicana. Y lo ha hecho respetando la separación de poderes, sin tratar de desconocer la solemnidad de la jurisdicción judicial en materia constitucional, a despecho de los graves problemas de imagen que esa decisión le trajo al gobierno y, sobre todo, a la República, en la comunidad internacional.

Los sectores más conservadores de la derecha nacional han rechazado todas las medidas asumidas por el gobierno, promoviendo un ambiente de confrontación que lleve a repatriaciones masivas y  a una ruptura de las relaciones con el vecino estado. El Presidente ha desoído esos despropósitos, actuando con paciencia, prudencia y sensatez, logrando así una salida honorable en el caso de los desnacionalizados. Dentro de las difíciles circunstancias en que fue creado, el plan de regularización de ilegales, es otro éxito inobjetable.

Quienes abogan por una confrontación, no entienden que solo existe una posibilidad con nuestros vecinos: la cooperación. Optar por la fuerza en vez de la razón sería un desastre de incalculables consecuencias. Sabemos, además, que en la eventualidad de acciones militares, los partidarios de ella no cargarían con la bandera ni integrarían un primer batallón con sus hijos y nietos.

De manera pues que en medio de situaciones que no ha creado, en ese difícil caso y en medio de un constante cuestionamiento, el gobierno del presidente Medina ha conducido al país por el sendero correcto. Y es así porque la cooperación conduce a la prosperidad y esa es la única manera de controlar una inmigración ilegal que ya excede nuestra capacidad para asimilarla.