1. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al siglo XXI con una ley minera de 1971, es decir, del balaguerato? Esta no es sólo una mala ley, desactualizada y hecha en función del capital privado extranjero, sino también establecida en dictadura.

2. ¿Por qué todavía estamos discutiendo contratos y concesiones mineras -como Falcondo- que datan de 1955, es decir, de la tiranía trujillista? Luego del arduo debate de los años setenta -Juan Bosch acusó a los gobiernos de la época de incluso dar dinero para financiar a Falcondo y ésta luego pagara cómodamente según obtuviera ganancias- ¿qué explica que en las últimas décadas no se haya dado una seria discusión de país, sin olvidar la rendición de cuentas por el papel nefasto de la autoridad pública en el manejo de actividades como las de Falcondo y Rosario Dominicana?

3. Si la carta del Presidente dice la verdad, ¿Cómo se explica que el Senado de la República y la Cámara de Diputados -con extraordinarios recursos financieros, técnicos y humanos, y tiempo a su disposición- luego de la lucha de tantos ciudadanos, presentaran al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que merece las observaciones que ha recibido, es decir desconocer derechos fundamentales y la separación de poderes, sobrepasar los límites de sus facultades, pretender violar acuerdos internacionales, establecer expropiaciones forzosas e imponer al Estado el pago de indemnizaciones multimillonarias, e incluso fundamentar la ley de parque nacional Loma Miranda en normas que están derogadas desde hace años?

4. ¿Cómo es que el propio Congreso de la República aprobó en 2009 la Resolución 375-09 que le prohíbe al Estado dominicano expropiar, nacionalizar y realizar cualquier acción parecida, salvo que declare una propiedad de utilidad pública y la pague al capitalista en moneda libremente convertible, al instante y en su totalidad, al precio “de mercado”? ¿Cuáles congresistas votaron a favor, cuáles se abstuvieron y cuáles votaron en contra? ¿Qué responsabilidad tienen los partidos políticos, instituciones y organismos del “sistema democrático” dominicano en este grave hecho?

5. ¿Qué importancia y función tiene el estudio encargado por el Gobierno nacional al PNUD? Es curioso que, no obstante el informe pone dudas sobre lo adecuado del desarrollo minero, señala claramente tres problemas concretos: la empresa hizo un Estudio de Impacto Ambiental con deficiencias y carencias; la imagen de Falcondo es pésima; y los términos de referencia que el Ministerio de Medioambiente fijó son ambiguos, generalistas, insuficientes. ¿Eso quiere decir que otro Estudio de Impacto Ambiental y mejores propuestas de manejo harían la explotación más aceptable? ¿Quién rinde cuentas por esos términos de referencia inapropiados dados por la autoridad?

6. ¿Hasta cuándo va a seguirse aplicando la política-sin-política medioambiental neoliberal -ejemplificada desde Chile a todo el continente- de creer en un “Estado regulador” que da el marco y las empresas interesadas son las que hacen los estudios? ¿Porqué el Poder Ejecutivo no tiene ya (ni el Congreso, ni el Senado) un estudio completo, riguroso y confiable? ¿Porqué se han autorizado áreas de exploración minera -y eventualmente explotación- sin que esté hecho el Plan de Ordenamiento Territorial que hace años espera el país, siendo que hay una Dirección General de Ordenamiento Territorial que existe y se financia con dinero público?

7. Que Venezuela y Ecuador prescindan del petróleo; que tampoco lo vendan a EE.UU. y Europa y no acepten contratos con ninguna potencia extractiva o transnacionales. Que Cuba saque a las empresas chinas y deje en el pasado la extracción de níquel, y también olvide la producción azucarera. Que Bolivia olvide el gas, el estaño y el litio. Que Chile olvide recuperar la industria del cobre. Que Argentina y Brasil engaveten el gas y el petróleo. ¿Es esa la alternativa a la mano para nuestros países dependientes y empobrecidos? ¿Alguien lo considera viable y razonable a corto plazo, sin antes cambiar el modelo productivo?

8. Es cierto que una de las expresiones del imperialismo ha sido la industria minera a escala global, pero ¿eso es igual -en buena lógica- a que toda actividad minera es imperialista o genocida?. La minería extractiva a gran escala es propia de un modelo de desarrollo que debe ser superado históricamente, en la medida en que se construyen las bases, estructuras y capacidades de un nuevo modelo de justicia y bienestar social. Salvador Allende, en su tiempo, lo que hizo fue denunciar y enfrentar al imperialismo de las multinacionales de rapiña -cuyo surgimiento profetizó-, a la vez que luchó por recuperar las riquezas del cobre.

9. Se puede estar de acuerdo con la propuesta que hace el Presidente Medina, pero ¿habría consenso social en que se vaya más allá, es decir, que no exista otro permiso que otorgue derechos a multinacionales en territorio nacional, hasta que el Estado Dominicano tenga por ley un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, ampliamente debatido, democráticamente establecido, fiscalizado y aplicado, con instituciones creíbles que lo apliquen? ¿Cómo se financian los crecientes compromisos del Estado con la ciudadanía sin ingresos mineros y con una élite social que exige “seguridad jurídica” y libertad de empresa” pero también menos “carga laboral” y menos “carga tributaria”?

Creo que estas preguntas, tal vez, tengan utilidad. El año pasado un periódico de circulación nacional destacaba: “La República Dominicana es un destino para la minería (…). Actualmente la Dirección General de Minería procesa 290 solicitudes de concesión de exploración minera (…), 163 son para  concesiones de minerales metálicos y 127 para exploración de minerales no metálicos”. En 2012 “…la Dirección General de Minería registraba 507 concesiones mineras, en categoría de solicitadas y/o aprobadas (…). El universo de concesiones incluye 128 en categoría de explotación, alcanzando un área de 170,685 hectáreas. También hay  en proceso de evaluación y aprobación 61 solicitudes de concesiones de explotación para minería no metálica”.

En lo que el debate progresa -esperamos para bien- la convicción debe ser firme y clara: Admiración plena para quienes han tenido que enfrentar por décadas los desmanes de la multinacional Falcondo y han logrado poner la defensa de la riqueza natural en el escenario del país; y quien quiera a la Patria, no puede permitir que se toque a Loma Miranda ni se atente más contra la integridad nacional.