"El presidente Danilo Medina estima conveniente y saludable ofrecer la oportunidad de que se debatan las consideraciones que han sido levantadas como razones para su devolución al Congreso", explicó el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, refiriéndose al proyecto de modificación del Código Procesal Penal, lo cual fue recogido por este portal, y que ha llenado de “regocijo provisional” a toda una población que viene reclamando la observación de dicho proyecto por tantas razones evidentes y que han sido denunciadas de forma más técnica por una gran parte de la comunidad jurídico penalista dominicana.

En lo personal, esta noticia me ha caído como un “dramidon sin saliva” que ha restablecido la irritación gástrica que me produjo el anuncio que hacia el Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana sobre el apoyo que este y sus juristas daban al cuestionado proyecto, dejando ver su enagua pestilente y admitiendo implícitamente que dicho organismo no representa a la mayoría de los abogados de este país. Que cojones más amenos!

La semana pasada, a través de nuestro artículo titulado “Reforma penal: ¡pa´lante y pa´trá!”, escribí textualmente lo siguiente: “si quisiera en alguna forma que el Presidente de la República vuelva a convertirse en “Super Danilo” y no permita que esta pieza pase, provocando un verdadero proceso de vistas públicas tendentes a identificar las reales necesidades de la norma penal en toda su extensión, fuera de intereses politiqueros y de bailadores “sin guto” que sólo saben dar en su vida pública “un pasito pa´lante y otro pa´trá”, y hace un momento el Presidente Medina, por medio a su vocero, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, volvió a sacar el cerebro por el Estado con lo siguiente: “Asimismo, dijo que es interés del presidente Medina, que las reformas que se aprueben definitivamente satisfagan el interés ciudadano por la seguridad pública. 

También se refirió a la necesidad de preservar el respeto de derechos fundamentales de las personas envueltas en los procesos penales, y para ello recomendará en su oportunidad las más amplias consultas y la discusión abierta de sus contenidos", razón por la cual siento que he cumplido como ciudadano y lo seguiré haciendo sin desmayo alguno, aunque algunos inquisidores pregunten: Danilo, ¿Y por qué tu daña el momento?, sin embargo, y para este caso en particular, son muchas las razones:

a) No es posible ampliar la prisión preventiva a un plazo de 24 meses, si el ministerio público está obteniendo las sentencias de fondo en menos de 12 de meses en la mayoría de sus casos;

b) Los ciudadanos somos las principales víctimas frente a los corruptos del Estado, y no es posible que por medio a la modificación que se propone se pretenda restarnos esa calidad, lesionando la posibilidad de podernos querellar frente a un servidor público, que se ha enriquecido con los dineros del erario;

c) El peligro de fuga no puede presumirse, ya que cada imputado debe demostrar si tiene o no arraigo, pero, no es posible que el mismo quede definido a partir de un tipo penal grave o designado como “especial” por el legislador, en razón de que no estamos en el viejo modelo inquisitorio, y pero aún si con esto se violenta el principio de la presunción de inocencia.

A partir de ahora, la comunidad jurídica nacional, deberá aunar esfuerzos hasta provocar una verdadera celebración de vistas públicas tendentes a convertir las reales necesidades procesales en modificaciones justas que preserven a toda costa los derechos fundamentales de los ciudadanos y su seguridad pública, los cuales se han convertido en el papel de baño de muchas autoridades.

¡Reculen, ha dicho el Presidente!