Tenemos más de una semana escuchando y leyendo los calificativos asignados a los 3,929 maestros que, según la auditoría realizada por el Ministerio de Educación, cobran un salario mensual sin trabajar. Además, son diversos los comentarios que aparecen en la prensa escrita, en los periódicos digitales; en noticieros de televisión y de radio; y en las redes sociales. Es decir, que de nuevo el magisterio dominicano está en la portada de periódicos de circulación nacional y de circulación local. Valoramos significativamente el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación para sanear la nómina de esa institución; y para fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos económicos y en la gestión del personal. Saludamos, también, la firmeza con la que se plantea que para cobrar hay que trabajar. De igual manera, compartimos la postura de la Asociación Dominicana de Profesores –ADP- cuando afirma que no defiende a las personas calificadas como botellas -aquellas que no trabajan-, aunque solicita una “comisión mixta” para evaluar la cifra de los 3,929 maestros, indicando que el 50% no cobra sin trabajar. El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores buscarán las vías necesarias para aclarar la situación que se ha creado con lo que arroja la auditoría y lo que sostiene la ADP.

Este problema de inflar nóminas, de cobrar sin trabajar, de vivir fuera del país y cobrar mensualmente es un complicación antigua. Es una situación que se ha convertido en una cultura. Además, no es un problema exclusivo del Ministerio de Educación. Es una problemática de otras instituciones públicas. Es también un problema para los funcionarios que realizan su trabajo apegados a principios éticos, pues informan los casos a quienes tienen que solucionar la situación y estos se hacen de la vista gorda. No se inmutan y dejan que todo continúe igual. Ante esta realidad nos preguntamos quién nombra a las personas que no trabajan y solo cobran; por qué la denuncia y la ley solo se les aplica a los beneficiarios del permiso para salir al exterior o mantenerse en el país cobrando sin trabajar; quién denuncia a los Ministros y a otros funcionarios que nombran personas que cobran sin trabajar; qué medida se les aplica a los Ministros que incrementan la nómina con los compañeros de partido que trabajaron en la campaña electoral. La ley se les tiene que aplicar a todos. No puede haber ley para unos y permisividad para otros. La República Dominicana tiene que avanzar; y para ello tiene que respetar las leyes y aplicársela a todos los ciudadanos. Aquí no puede haber dos clases de ciudadanos; unos intocables, hagan lo que hagan, y otros que tienen que cumplir la ley.

En este contexto consideramos que hay que cortar la rama y también la raíz. Por tanto, hay que eliminar de la nómina a los empleados que no trabajan; y hay que penalizar también al funcionario que los nombró. Ningún profesor se nombró a sí mismo ni se auto asignó un salario. Lo nombraron, le asignaron un salario y le concedieron un permiso para cobrar sin trabajar. Si solo penalizamos a los que fueron nombrados sin un trabajo real y concreto, la medida tendrá poco impacto en la sociedad y en la institución afectada. En otras instituciones está pasando lo mismo, pero padecemos los efectos de un clientelismo que ya se ha internalizado en las instituciones públicas. Es un clientelismo que ha erradicado el comportamiento ético, que ha burlado el cuidado de los bienes públicos. Muchos funcionarios han decidido cuidar el voto aunque los bienes del Estado, que son bienes del pueblo, se dispersen y se pierdan. Pero aun más, cuando los gobiernos revisan su dinámica de funcionamiento y sus realizaciones, ¿qué importancia le dan a la ética, quién y cómo evalúa el desempeño de sus funcionarios? En la República Dominicana, históricamente los funcionarios han disfrutado de mucho poder; y se les ha permitido todo. Actúan por encima del bien y del mal; y no tienen quién regule sus actuaciones.

Es un imperativo la construcción de una nueva cultura política que salvaguarde los valores más nobles de la sociedad y de la ciencia política. Si esta construcción es posible, podremos ponerle fin a las actuaciones que malversan los fondos públicos y a las que desvirtúan el trabajo responsable. Para avanzar en esta dirección, tenemos que fortalecer la educación ciudadana; y propiciar una educación que cambie la visión y la práctica de los que ponen en último lugar las necesidades y los intereses del conjunto de la sociedad. Se impone, además, la definición de criterios y de reglas que garanticen la selección y el nombramiento de funcionarios públicos que no utilicen las instituciones como espacio propio para otorgar favores políticos que pervierten a las personas y minen la honestidad institucional. En nuestro país hay muchas personas de buena voluntad; hay funcionarios, también, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí. Con estos y con todos los que creemos y queremos nuestro país, vamos a transformar el desorden que nos preocupa; vamos a desterrar la lógica clientelista y a recuperar los aprendizajes que derivan del ejercicio digno de la política. Debemos tener bien claro que este curso de acción que proponemos nos va a exigir cortar la rama y también la raíz siempre que sea necesario. Esta ruptura ha de hacerse sin miedo y con una fuerte convicción.