Siempre se ha sabido que los dominicanos, y los latinoamericanos en general, confiamos poco en el Estado, nos quejamos sobremanera de la ineficacia, las ineficiencias y la corrupción en el mismo. Es más, consideramos el Estado como algo ajeno, y por eso no estamos dispuestos a defenderlo. Destaco sobremanera porque, si bien eso también existe en otras partes del mundo, todos los estudios que conozco sobre la materia colocan a nuestra región a la vanguardia en términos de desconfianza en las instituciones.

De ahí que América Latina sea la zona del mundo donde menores impuestos pagan los ciudadanos y las empresas, en que más argumentos se esgrimen para oponerse a realizar aportes al fondo común y, consecuentemente, la región que exhibe menores indicadores de solidaridad social y equidad.

De hecho, privadamente es habitual escuchar entre familiares, amigos y relacionados en general, opiniones tendientes a eludir el pago de impuestos, e incluso a justificar la evasión. Pero nunca había oído que un candidato a la presidencia de la República, como el señor Roque Espaillat, se atreviera a decirlo públicamente. Es más, a exponerlo en una entrevista periodística que, se presume, fue concertada para darle la oportunidad de exponer ante la ciudadanía sus propósitos y, a fin de cuentas, a ayudarle a conseguir más votos.

Y ante declaraciones como las del Sr. Espaillat, que confiesa no pagar e insta a otros a hacer lo mismo, el Estado tiene que actuar.

Y todavía es posible que la indicada declaración no le aleje potenciales votantes, y hasta que le atraiga algunos nuevos. O que no pierda clientes en sus negocios, sino todo lo contrario. Tal es la precariedad del contrato social que prevalece en nuestro país.

Dado que el señor Cobrador, pero no Pagador, va como candidato representando a un partido que pretende ser la reencarnación del trujillismo, y que no tiene tapujo en reconocerlo, habría que ver si él se habría atrevido a hablar así en el caso de que Trujillo estuviera vivo o gobernara.

Ahora, desprendido del temor a recibir en su oficina una visita del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), se atrevería a decir que es persecución política si recibiera una de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). O quizás piensa que eso le conviene para llamar la atención.

Si bien la mayoría de los dominicanos percibimos que la sociedad cambia poco, que los grandes problemas persisten a pesar del crecimiento económico, estoy absolutamente convencido de que en las últimas décadas el uso del dinero público ha mejorado significativamente. Ahora hay más controles, más vigilancia ciudadana y más mecanismos legales e institucionales encaminados a impedir que se violenten.

Y cuando eso ocurre, también hay más posibilidades de sanción social y legal. O, por lo menos, más temor a la Procuraduría. Casos como la Marcha Verde, la designación de un Ministerio Público más profesional e independiente, y la investigación y sometimiento de los más escandalosos casos de corrupción, son una muestra de ello.

Pero no se ha llegado a cero. No se han suprimido las ineficiencias, ni la corrupción ni la impunidad. Habría que ver si algún día se logra. O si, aun habiéndose logrado, habrá ciudadanos dispuestos a reconocerlo. Toda la vida nos la pasaremos escuchando al que no quiere pagar impuestos decir que ahora hay más corrupción que antes, y al que gobierna proclamar lo mucho que se ha avanzado en el saneamiento del gasto público.

No creo que llegue el momento en que alguien diga “ahora sí, ya el Gobierno funciona bien, ya llegó el momento de pagar los impuestos”. Es bueno que el ciudadano se mantenga vigilante, que se queje y que reclame, pero pagar impuestos no puede ser un acto a merced de la voluntad del individuo. Y ante declaraciones como las del Sr. Espaillat, que confiesa no pagar e insta a otros a hacer lo mismo, el Estado tiene que actuar.