La marcha verde que se realizó en Santiago, este domingo 26 de marzo fue un éxito impresionante. Miles de personas participaron, con orden y voluntad para reclamar transparencia y lucha contra la corrupción. La presencia de políticos no fue significativa, y más que una manifestación política esa masiva demanda representa una voluntad reiterada del pueblo dominicano de que no quiere seguir aceptando corrupción ni funcionarios y políticos que garanticen su propia impunidad.

El 22 de enero en Santo Domingo hubo una primera manifestación contundente de reclamo de transparencia y rechazo a la corrupción. El mensaje que envió esa manifestación fue muy claro, y se reiteró el pasado 5 de marzo con una masiva manifestación en Puerto Plata, aún bajo la lluvia, en donde miles de personas por segunda vez dijeron que el país no puede seguir el trayecto que lleva en materia de mal uso de los recursos públicos.

Hubo orden, organización, planificación. Participaron representaciones de diferentes pueblos de la región del Cibao. Personas se desplazaron desde Santo Domingo. Agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte y de la Policía Nacional ofrecieron protección y vigilaron las boca calles por las que marchaban miles de personas.

La diversidad fue una de las características de la marcha. Miles de ciudadanos de los sectores más pobres de Santiago estuvieron presentes y se hicieron sentir. Agrupaciones religiosas estuvieron presentes, religiosas, monjas, sacerdotes, representaciones evangélicas. Sindicatos de trabajadores también se hicieron representar. Lo mismo que agrupaciones profesionales. Desempleados, profesionales, empresarios, chiriperos, gentes de clase media se hizo representar en toda su diversidad en la marcha. Muy especialmente jóvenes. Pero también había personas de la tercera edad, mujeres, hombres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, gente disfrazada. Hubo de todo, con la muy clara voluntad de rechazar la corrupción y la impunidad.

Nunca había ocurrido en Santiago una manifestación de estas características, organizada por organizaciones no partidistas y en reclamo de una demanda legal, ética y moral a los gobernantes y a los partidos, a los fiscales y a los jueces.

La proclama que se leyó en el Monumento de Santiago tiene significado y relevancia. Ojalá que los políticos y gobernantes tengan la oportunidad de escuchar estas voces. No son pocas. Son miles. Cientos de miles, y son una reiteración de las dos marchas organizadas anteriormente en Santo Domingo y Puerto Plata.

Estas fueron algunas de las preocupaciones incluidas en el documento:

NOS PREOCUPA el deterioro de la sociedad dominicana por: a) El predominio de la impunidad y la inexistencia de control y fiscalización de la gestión pública. b) Una concentración absoluta del poder en manos del partido gobierno que pervierte la nación y todas sus instituciones. c) La perversión del sistema político y de partidos. d) La exclusión o marginación de la sociedad no partidaria de los procesos y espacios de deliberación pública. e) La inseguridad ciudadana y el fracaso de las entidades públicas por su manifiesta corrupción interna y la ausencia de políticas de Estado adecuadas.

Nos PREOCUPA la complicidad del Gobierno y de una parte de la clase política en los escándalos de corrupción, sobrevaluaciones y sobornos como son el caso Odebrecht, los Tucanos, la Sunland, OISOE, Punta Catalina, etc., con que se financiaron las campañas electorales y se acumularon gigantescas riquezas.

Nos PREOCUPA el sistema institucional construido desde ese poder para evadir las sanciones penales y morales frente al delito de Estado y el crimen organizado, al amparo del régimen de impunidad estructurado y sustentado en el control de la justicia.

Nos PREOCUPA que el Procurador General de la República haga un acuerdo secreto con una empresa delincuente para liberarla penalmente y garantizarle que continúe trabajando en el país. Frente a esta realidad:

ASPIRAMOS a que, tras una historia oprobiosa de impunidades, en la República Dominicana se imponga por fin el imperio del orden, la legalidad y la autoridad que someta a sus gobernantes y gobernados al cumplimiento de la ley, sobre el principio inmutable de que sus actos y omisiones tendrán las mismas consecuencias sin distinguir rangos, estatus ni estirpes.

ASPIRAMOS a construir una fuerza social vigorosa que vigile el accionar de los partidos políticos y de la clase gobernante para que se sujeten a las obligaciones y deberes constitucionales, rindan cuentas y respondan por sus actos u omisiones.

ASPIRAMOS a un desempeño independiente, imparcial y soberano del Poder Judicial, del ministerio público y de las agencias de control y fiscalización de las cuentas públicas, mediante una reforma estructural en la que la sociedad civil participe de forma protagónica.

ASPIRAMOS a que el estado de corrupción y la tiranía de la impunidad prevalecientes en la República Dominicana desaparezcan por la fuerza de una sociedad hastiada de sus saqueos y movilizada por sus derechos.