Es una realidad innegable que lamentablemente el narcotráfico ha penetrado en nuestra sociedad, permeando instituciones y  autoridades civiles y militares sin cuya complicidad sus poderosas redes no pudieran operar de la forma en que lo hacen.

De igual forma es un hecho indiscutible que los gastos de las campañas electorales y la capacidad financiera de algunos candidatos y líderes son cada vez escandalosamente más altos, los que exceden por mucho la contribución que con el dinero de los contribuyentes aporta el Estado a los partidos políticos.

Para muchos parte del crecimiento económico que ha exhibido el país, independientemente de la inconformidad con las metodologías de cálculo utilizadas por el Banco Central, no tiene otra explicación que la creciente economía subterránea, que algunos entienden que explica el crecimiento de la cuenta de errores y omisiones que llevan las autoridades monetarias.

Por eso independientemente de la veracidad o no de  imputaciones que están en el debate público en los últimos días, es una realidad que ningún aporte a un líder político es filantropía por el contrario son “inversiones” realizadas con el ánimo de pasar factura a sus beneficiarios.

Es penoso que nuestros partidos políticos y su liderazgo operen sin ninguna transparencia, sin rendición de cuentas, sin depuración de los aportes que se reciben, sin sometimiento a la ética que impone evitar los conflictos de intereses y el tráfico de influencias. Eso hace que tengamos un sistema político totalmente vulnerable, secuestrado entre otras fuerzas por el poder económico sin importar su origen.

Los recursos que manejan los candidatos en campaña nadie los conoce y se alimentan en gran medida de contribuciones en efectivo, sin ninguna verificación de su origen, siendo probablemente las más generosas las de dudosa proveniencia, porque mientras más favores se necesiten, más se estará dispuesto a  invertir. Pero tampoco conocemos la cantidad de recursos que manejan los presidentes para fines personales, en sus viajes, etc., montos que pueden variar significativamente según el temperamento del que esté de turno.

Asimismo nadie conoce con exactitud cómo se financian las fundaciones que tienen distintos líderes políticos pero lo peor es que sin  importar la transparencia de sus finanzas, nada puede asegurar que exista una línea divisoria entre el presidente de la misma y el funcionario, ex funcionario o candidato, por lo que toda donación que se haga puede ser hecha como una “inversión”, así como donar a estas fundaciones puede convertirse en una herramienta para disfrazar aportes directos a algún líder, como algunos han denunciado.

La Junta Central Electoral ha cerrado los ojos irresponsablemente ante esta realidad y se ha limitado a reclamar que se necesita la aprobación de una nueva ley electoral y de una ley de partidos políticos, legislaciones que si bien son necesarias de no estar acompañadas de una firme voluntad para hacerlas cumplir, serán insuficientes.

Por eso urgen acciones contundentes que hagan que no sigamos permitiendo que cualquiera pueda “invertir” en la política y que los partidos políticos y sus líderes operen en total opacidad.

Nadie puede dudar que hace tiempo que algo huele mal en nuestra política, hagamos lo necesario pronto, para que no tengamos que lamentarnos de las terribles consecuencias.