David Benítez pronto será padre por tercera vez y desde hace tiempo tiene todo listo para solicitar “DAPA”, el alivio migratorio que debía entrar en vigor este martes. Pero una demanda en contra de los alivios migratorios mantiene en zozobra a Benítez y millones de inmigrantes indocumentados en su situación.

En vez de un día “esperanzador” con el inicio de trámites, el 19 de mayo será para Benítez y cerca de cuatro millones de inmigrantes indocumentados otro día de vivir con el temor de la deportación.

A dos cuadras de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa organizada por la federación sindical AFL-CIO, Benítez, líderes sindicalistas y otros trabajadores inmigrantes prometieron mantener la presión política hasta que entren en marcha los alivios migratorios y, más adelante, una reforma migratoria integral.

El futuro de los alivios migratorios están en manos de los tribunales tras una demanda colectiva de 26 estados que acusan al presidente Barack Obama de abuso del poder ejecutivo, y quieren eliminarlos.

“Ningún tribunal nos va a frenar… esto es algo más que una campaña (a favor de los alivios migratorios), es un movimiento. Necesitamos una solución permanente” para los indocumentados, explicó Tefere Gebre, vicepresidente ejecutivo de la AFL-CIO.

Para Gebre, en paralelo a lo que decidan los tribunales, el Congreso, bajo control republicano, debe aprobar una “vía rápida” para la legalización de los once millones de indocumentados en EEUU y corregir el maltrecho sistema de inmigración.

Esther López, vicepresidenta ejecutiva del Sindicato de Trabajadores Comerciales y de Alimentos (UFCW, en inglés), afirmó que los líderes políticos “deberían sentir vergüenza” por sumir a los inmigrantes en una mayor oscuridad, y prometió que grupos como el suyo continuarán movilizando a los trabajadores “en todos los niveles”.

Los candidatos presidenciales deben explicar con claridad su política migratoria porque los votantes les exigirán cuentas en las urnas, advirtió López.

“No nos cierren las puertas”

Benítez, un inmigrante salvadoreño que lleva al menos 10 años en EEUU, tiene dos hijos nacidos en este país y “una niña en camino”, por lo que califica para el programa de “acción diferida” para adultos conocido por su sigla en inglés como “DAPA”.

El programa “Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes” (DAPA) debía entrar en vigor este martes, pero sendos tribunales en Texas y Luisiana lo tienen suspendido, junto con la expansión de la “acción diferida” (DACA) para “Dreamers”, mientras determinan su legalidad.

En declaraciones a este diario, Benítez dijo que vive con la esperanza de que los políticos “se pongan la mano en el corazón” y permitan la puesta en marcha de los alivios migratorios anunciados por Obama el pasado 20 de noviembre.

“Que piensen en sus familias, que piensen en la situación que estamos viviendo muchas familias hispanas, que seguimos esperanzados en algo que nos puede ayudar para ver la luz más clara”, enfatizó.

Día de “Acción Nacional”

Ningún inmigrante “debe vivir con temor a presentarse a trabajar” ante la posibilidad de que los agentes de Inmigración toquen a su puerta o acudan a sus sitios de trabajo para deportarlos, señaló Gebre.

Por ello, líderes de grupos cívicos, religiosos, y sindicalistas lanzarán mañana martes un “día de acción nacional” para movilizar a los inmigrantes en contra de quienes continúan atacando los alivios migratorios.

La campaña nacional incluye a grupos como “America´s Voice”, “Mi Familia Vota”, “United We Dream”, “Unite Here” y decenas de sindicatos y organizaciones cívicas.

En California, defensores de los derechos de los inmigrantes lanzarán la campaña estatal “Ready California”, para continuar preparando a los inmigrantes para la eventual puesta en marcha de los programas de alivio temporal.

Se calcula que solo California tiene alrededor de 1,35 millones de inmigrantes indocumentados elegibles para DAPA, el estado con mayor número de beneficiarios de ese programa.

Tanto DACA como DAPA ofrecen a los indocumentados un alivio de la deportación, y un permiso renovable de trabajo durante tres años, además de acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permitan.