Por: Francomacorisanos - 23/06/2025
San Francisco de Macorís - El abogado francomacorisano Jerson Lizardo advirtió sobre posibles violaciones constitucionales en los operativos de clausura de establecimientos comerciales que se han venido realizando en esta ciudad, encabezado por el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Durante una exposición reciente en su cuenta de Instagram, Lizardo denunció que estas acciones podrían estar extralimitando las competencias legales de las autoridades involucradas, afectando derechos fundamentales como la libertad de empresa y el debido proceso.
"El cierre de bares, discotecas, colmadones y otros comercios no puede ejecutarse de forma arbitraria ni sin el debido procedimiento legal. Esto puede constituir una vulneración directa a derechos fundamentales consagrados en la Constitución", afirmó el jurista.
Lizardo explicó que si bien la Ley 176-07 sobre el Régimen Municipal permite a los ayuntamientos establecer normativas para proteger la higiene y salubridad públicas, no les otorga la facultad para clausurar negocios sin intervención judicial.
En ese sentido, recordó precedentes del Tribunal Constitucional que establecen que la clausura de un establecimiento es una medida extrema, que requiere autorización de una autoridad judicial competente, pues implica la interrupción definitiva de una actividad económica.
Sobre el papel de COBA, señaló que este órgano tiene la facultad de suspender o revocar licencias para la venta de alcohol, pero siempre mediante un procedimiento administrativo debidamente reglamentado y con una resolución motivada.
También precisó que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional solo pueden ordenar cierres temporales en casos excepcionales relacionados con delitos flagrantes, menores de edad o desórdenes, y que cualquier medida más allá de lo provisional exige autorización judicial.
Lizardo llamó a las autoridades a actuar con estricto apego al marco legal y reiteró la importancia de preservar el equilibrio entre el orden público y los derechos constitucionales de los ciudadanos y empresas.
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