El operativo, que buscaba reforzar el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y verificar el cumplimiento de las normativas legales en los establecimientos de ocio nocturno, incluyó inspecciones en bares, discotecas y colmadones de distintos sectores de la ciudad.

Durante la intervención, varios negocios fueron cerrados de manera temporal, lo que generó quejas entre algunos propietarios. Uno de los casos que ha causado mayor controversia fue el cierre del Bravo Sport Bar, cuyo representante expresó su inconformidad, alegando que el negocio cumple con todos los requisitos legales y operativos establecidos, y que el cierre se produjo sin una justificación válida.

“Más de 200 familias viven de este trabajo, no aceptamos menores, mantenemos el volumen dentro de los límites y aun así cierran el negocio" apuntó el representante de Bravo Sport Bar.

Por su parte, la propietaria de otro centro de diversión, denunció que las autoridades concentran sus operativos en los negocios formales, mientras ignoran supuestos puntos de venta de drogas que, según ella, operan abiertamente en las inmediaciones. “Hay más de diez puntos de drogas en la zona y no los tocan, pero sí vienen a cerrar a quienes trabajamos legalmente”, denunció.