Miami.- La entrada en vigor a partir de este miércoles en Florida de una nueva ley que prohíbe el aborto desde la sexta semana de embarazo termina de configurar la casi imposibilidad de esta práctica en el sureste de EE.UU., según ponen de relieve los detractores de la normativa.

“El sureste ya está experimentando una crisis de salud pública y prohibir el aborto en Florida solo empeorará la situación”, señaló a EFE Lauren Brenzel, directora de campaña de Floridans Protecting Freedom.

Esta organización llevó hasta la Corte Suprema estatal, que terminó dándoles la razón, una campaña para someter a referéndum en las elecciones de noviembre próximo una enmienda a la Constitución de Florida, que de lograr un mínimo del 60 % de votos a favor, protegería el acceso al aborto y “sin interferencia de los políticos».

Grupos civiles y el propio presidente de EE.UU., Joe Biden, que en noviembre aspira a un segundo término, han invertido esfuerzos para llevar votantes a las urnas de este estado, que ahora con el aborto ha fortalecido la esperanza electoral para el partido gobernante, el cual no gana en Florida en unas presidenciales desde 2012.

De hecho, la vicepresidenta, Kamala Harris, tiene previsto este miércoles un acto de campaña en Jacksonville, en el norte del estado, donde hablará de “la lucha por los derechos reproductivos”, de acuerdo a la Casa Blanca.

A pesar de las victorias de los republicanos en los últimos ciclos electorales, y de que en cuanto a votantes inscritos los conservadores han superado a los demócratas por unos 900.000 simpatizantes, Biden considera que en las próximas elecciones generales Florida aún “está en juego”, y un elemento clave de ello es el referendo sobre la interrupción del embarazo.

“Esta enmienda ofrece un rayo de esperanza para los floridanos que viven bajo leyes de aborto cada vez más restrictivas, incluida una inminente prohibición de seis semanas que eliminaría esta (capacidad de) decisión antes de que muchas sepan que están embarazadas”, aseveró Brenzel.

“No podemos predecir el resultado de la votación, ya que Florida es un estado políticamente diverso con fuertes opiniones en ambos lados del espectro político”, reconoció a EFE Clara Trullenque, portavoz de Planned Parenthood Florida, filial estatal de la más grande organización de EE.UU. que asiste a las mujeres en salud reproductiva.

Trullenque aludió a una reciente encuesta según la cual un 64 % de floridanos apoya el aborto. Pero otro sondeo, de la Florida Atlantic University (FAU), refleja que la enmienda constitucional solo cuenta con un 49 % de apoyo y un 32 % se halla indeciso.

“Los políticos y los jueces no deberían entrometerse en las decisiones personales y médicas de las personas”, recalca la portavoz de Planned Parenthood Florida.

Esta organización recuerda que Florida había estado prestando servicios a pacientes que se veían obligadas a viajar para poder recibir atención médica desde otros estados del sureste, donde se estima hay unas 17 millones de mujeres en edad reproductiva y que viven bajo algún tipo de restricción al aborto.

“Esta nueva ley cambiará por completo esta dinámica”, señaló Trullenque. Añadió que con la nueva norma aumentarán los “abortos no regulados y potencialmente inseguros y peligrosos a nivel vital”, un efecto que podría “derivar en una crisis sanitaria con un aumento de complicaciones médicas graves».

En un acto de campaña de Biden celebrado la semana pasada en Tampa, en el oeste de Florida, Kaitlyn Joshua, madre de familia y activista por los derechos reproductivos en Luisiana, relató su experiencia al comienzo de su segundo embarazo.

Tras sufrir de fuertes dolores y profusos sangrados se dirigió a una sala de emergencia con un cuadro de aborto espontáneo, pero debido a la prohibición estatal los médicos no le informaron lo que ocurría y la mandaron de vuelta a su domicilio.

Para Biden, el culpable de todo ello es su virtual oponente republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), quien no dudará en instaurar una prohibición nacional al aborto.

Según Biden, Trump se jacta de ser la causa de que en junio de 2022 el Supremo de EE.UU. terminara con las protecciones federales establecidas en el caso de Roe vs. Wade y que evitaba que los estados legislaran sobre el aborto.