Tras una ola de protestas y de condena internacional a la separación de familias, el presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que de inmediato anula esa política pero permite una detención prolongada, y pidió nuevamente “mano dura” contra la inmigración ilegal, y una modificación del “Acuerdo Flores”.

La inédita política de separación de familias, que desde mediados de abril pasado y en tan solo seis semanas arrancó a más de 2,000 niños de los brazos de sus padres, generó la repulsa internacional y de grupos de la sociedad civil en EEUU, y profundizó las fisuras dentro del Partido Republicano sobre cómo resolver la crisis en la frontera.

Al firmar la orden ejecutiva en el Despacho Oval, antes de emprender viaje a Minnesota, Trump dejó en claro que mantiene en pie su política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal en la frontera sur.

“Vamos a tener fronteras fuertes, muy fuertes, pero vamos a mantener las familias juntas”, dijo Trump a los periodistas reunidos en el salón, al señalar que “no le gustó”  la idea o la sensación de las familias separadas.

“Estamos manteniendo las familias juntas, y esto resolverá ese problema… tenemos tolerancia cero para gente que entra a nuestros país ilegalmente”, subrayó Trump, flanqueado por el vicepresidente, Mike Pence, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

En resumen, la orden ejecutiva permite el encierro de familias enteras mientras prosigue su caso en los tribunales criminales o de Inmigración; autoriza el uso de instalaciones militares para alojar a las familias si es necesario, y pide al tribunal de la jueza Dolly Gee, en California, modificar el Acuerdo Flores para dar vía a la detención prolongada de familias.

El Acuerdo Flores, suscrito en 1997, prohíbe la detención de niños por más de 20 días aunque estén con sus familias. Sin embargo, la Administración insiste en que es una de las “lagunas” que aprovechan los migrantes para cruzar ilegalmente la frontera.

La orden de Trump permitiría la separación de familias “si hay una preocupación de que la detención del niño extranjero supondría un riesgo para su bienestar”.

También pide que el Departamento de Justicia, del que dependen los tribunales de Inmigración, dé prioridad a la adjudicación de casos de las familias detenidas.

Es, por lo demás, una reiteración de los objetivos de la Administración Trump y sus asesores de “línea dura”,  que experimentaron con una medida policial para desalentar emigración ilegal desde Centroamérica.

A menos que el Congreso haga algo diametralmente distinto, Trump conseguirá con este documento buena parte de lo que no ha podido mediante la vía legislativa.

Al unísono, los activistas denunciaron el aparente cinismo de la Administración que, por presiones de asesores como el ultraconservador Stephen Miller y el fiscal general, Jeff Sessions, adoptó una política sin precedentes para luego culpar a los demócratas de la crisis actual.

Sessions anunció la política de separación de familias y de enjuiciamiento de quienes cruzan ilegalmente la frontera en abril y mayo pasados.

Pedirán detención prolongada

Durante una conferencia telefónica con periodistas, Gene Hamilton, asesor de Sessions, dijo que el Departamento de Justicia solicitará a la jueza Gee que actúe con celeridad para modificar el Acuerdo Flores y permitir la detención de familias juntas “más allá de 20 días”, porque el proceso de adjudicación de casos suele demorar más tiempo.

“El Congreso puede arreglar esto mañana… eliminando esos resquicios”, dijo Hamilton.

Trump apoya las dos medidas que someterá a votación mañana la Cámara de Representantes,  enfatizó Hamilton, quien no precisó qué pasará con los 2,342 niños que ya han sido separados.

En declaraciones a este diario, una fuente de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, enfatizó que, de inmediato,  las familias que piden asilo deben hacerlo legalmente por los 26 puertos de entrada al país y no serán separadas.

La idea de modificar el “Acuerdo Flores” es que  “los niños puedan permanecer con sus padres durante más de 20 días si su procesamiento requiere más tiempo”.

“La reunificación de familias separadas siempre ha sido importante, y eso no ha cambiado”, aseguró.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés), en el año fiscal 2018, que comenzó en octubre pasado, y hasta el mes pasado, los agentes arrestaron a 252,187 personas.  De ese total, 59,113 eran unidades familiares.

El carril legislativo

Las medidas ante el pleno de la Cámara de Representantes esencialmente se ciñen al plan migratorio de Trump, que ya había sido rechazado en el Senado en febrero pasado.

Esas dos medidas estaban pensadas para “corregir” el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que la Administración desmanteló en septiembre pasado, pero que tuvo que restablecer por órdenes judiciales.

Ambas incluyen fondos para el muro fronterizo y el recrudecimiento de las medidas policiales en la frontera y al interior del país. La bancada republicana no ha permitido participación de los demócratas en estas negociaciones.

El congresista republicano por Florida,  Mario Díaz Balart estuvo entre los pocos conservadores que pidieron abiertamente poner fin a la separación de familias “sin equívocos”, mientras se busca una solución legislativa.

Mientras, líderes demócratas de la Cámara Baja afirmaron que la estrategia de Trump y sus aliados republicanos, es usar a los inmigrantes como un señuelo para ganar votos entre su base en noviembre próximo.

“Tenemos que seguir recordando al presidente y sus secuaces que están marcando las vidas de seres humanos, niños e infants solo para su ganancia política personal”, dijo el congresista Luis Gutiérrez.

La oposición presentó formalmente su “Acta para Mantener Unidas a las Familias”, una medida similar a la que presentó el mes pasado la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein.

La legislación, avalada por grupos pro-inmigrantes, tiene más de 190 co-patrocinadores demócratas y ningún apoyo republicano.

No está claro que los republicanos, que controlan el Congreso, permitan un voto, como tampoco es probable que las medidas conservadoras sean aprobadas en su versión actual. Aún si una se cuela, afrontaría enormes obstáculos en el Senado.

 “Trampa” y “farsa cruel”

Para los activistas, no hubo nada que celebrar ante la temida detención prolongada de familias en la frontera, muchas de las cuales piden asilo.

La Administración incluso sopesa trasladar familias a antiguas instalaciones militares, como parte de su plan de ampliar los arrestos y deportaciones.

Javier H. Valdés, co-director ejecutivo de “Make the Road New York”, señaló que la orden ejecutiva es “una farsa cruel” porque ni pondrá fin a la crisis en la frontera ni conducirá a un “tratamiento humano de los inmigrantes”.

“Las familias pertenecen unidas, libre del temor y el trauma que crean las rejas y jaulas… hay muchas alternativas a la detención que están disponibles para personas que buscan asilo”, dijo.

Valdés advirtió de que esa crisis dejó al descubierto que la Administración está utilizando todo el “aparato” policial del sistema migratorio para “avanzar una visión supremacista blanca” en EEUU.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC),  dijo que la Administración fabricó la crisis actual, y la orden ejecutiva permitirá la detención de familias durante meses o años.

Hincapié prometió continuar la lucha con las comunidades de base y en los tribunales para proteger a los inmigrantes, especialmente a los niños, del trauma que está causando Trump.

Durante una llamada organizada por “America´s Voice”, otros expertos y activistas se hicieron eco de la advertencia de que el documento firmado hoy sólo agravará la crisis en la frontera.

“No se dejen engañar, esto es una trampa… cambiar una forma de trauma por otra no cambia nada”, dijo Michelle Brané, de la “Women´s Refugee Commission” (WRC).