La Suprema Corte de México desechó hoy un proyecto para declarar inconstitucional porciones del Código Penal que regulan el aborto, al revisar el caso de una mujer que impugnó los artículos que mencionan las situaciones en las que se puede interrumpir el embarazo sin ser criminalizada.

El proyecto fue elaborado por el magistrado Arturo Zaldívar en respuesta al amparo interpuesto por una mujer a la que se le negó el aborto en el hospital público “20 de Noviembre” a pesar de que su embarazo era considerado “de alto riesgo”.

Ante esto, la mujer acudió a una institución privada para interrumpir su embarazo.

Días después, recibió una notificación del hospital público rechazando su petición de abortar ya que el producto de su embarazo podía ser “autosuficiente” pese a sufrir síndrome de Klinefelter, con el que no podría haber desarrollado los genitales en su pubertad.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, en una votación de tres contra uno, la propuesta de amparo a la mujer, “sin revisar el tema del aborto, porque la porción del Código Penal Federal que la quejosa impugnó no se le aplicó”, informó a Efe una fuente de la institución.

La mujer impugnó en su amparo los artículos 333 y 334 del Código, que prevén los tres supuestos en los que la mujer puede interrumpir el embarazo sin ser criminalizada.

Esto es, cuando el aborto es “resultado de una conducta imprudente”, cuando el embarazo es fruto de una violación o cuando está en peligro de muerte “la mujer o el producto de la concepción”.

Dado que la mujer finalmente realizó su aborto en una institución privada, la Primera Sala “decidió no pronunciarse, por el momento, en torno a la interrupción del embarazo en hospitales federales”, dijeron a Efe fuentes de la SCJN.

“El caso se retornará para que se elabore (un nuevo documento) conforme al criterio de la mayoría que estimó que no se le aplicó la parte del Código Penal Federal impugnado”, añadieron.

El proyecto de Zaldívar señalaba que “criminalizar la decisión de practicarse un aborto provoca consecuencias dramáticas en la vida de muchas mujeres embarazadas”.

Las normas y actos que limitan o regulan el ejercicio de la decisión de la mujer a practicarse un aborto afectan “al menos ‘prima facie’ (a primera vista)” el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, señalaba el documento.

Por tanto, según el documento, “el Estado debe garantizar el derecho a la mujer a un aborto seguro” en las instituciones de salud pública.