El Ministerio de Educación presentó hoy formal querella por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, en contra de una pareja de esposos acusados de estafar a esa institución por 47 millones de pesos con la compras de unos terrenos para la construcción de dos centros escolares.

El sometimiento en contra de Ramón Benito Ramírez Cabrera y su esposa Reina Margarita Núñez, fue hecho por el ministro Carlos Amarante Baret, a través de los abogados Manuel Fermín Cabral, Guillermo Sterling y Pedro Balbuena.

Mientras que el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Luis Borge, aplazó para mañana martes a las 5 de la tarde, el conocimiento de una solicitud de medida de coerción en contra de la imputada Margarita Núñez, hasta tanto los abogados de los imputados tomen conocimiento de la querella que fue incoada en su contra.

La imputada Margarita Núñez se encuentra recluida en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, luego de que fuera arrestada por el Ministerio Público.

El abogado de los imputados, Cándido Simón Polanco anunció que citará a la audiencia de medida de coerción al ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, a la consultora jurídica de esa institución, Teresita Bencosme y la licenciado Iris Tejada Montero, persona esta que realizó un análisis forense a la documentación que sirvió para el pago de los terrenos.

Fundamento del sometimiento

En la instancia el Ministerio de Educación pidió a la fiscal Yeni Berenice Reynoso ordenar cuantas medidas considere de lugar consistente en la medida de coerción de prisión preventiva, en vista de la gravedad de los hechos denunciados y del latente peligro de fuga que presenta la imputada.

Solicitó además que se le libre acta de que la parte querellante hacer reserva de calificar los hechos de forma adicional o diferente a la calificación propuesta en la presente querella y de querellarse en contra de las demás personas involucradas hasta el momento desconocidos para el querellante y que puedan surgir del desarrollo de la investigación.

En la querella se aduce que el presidente Danilo Medina emitió el decreto 354-13, mediante el cual declara de utilidad pública e interés social los terrenos que vendió la pareja de esposo al Ministerio de Educación para la construcción de una escuela.