El 16 junio pasado, en nota de prensa distribuida entre los medios, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), “para revisar, registrar, analizar, validar o rechazar” los contratos de adhesión impuestos de forma unilateral por las empresas de las telecomunicaciones a sus clientes.

En la declaración de prensa, Gedeón Santos, presidente del Indotel, dice sobre esa relación desigual: “El consumidor solo tiene al Estado, si el Estado lo deja abandonado esa relación desigual va a ir en contra de él”.

Hasta esa fecha se puede afirmar con propiedad que los 3.9 millones de usuarios dominicanos con cuentas de internet, o los 3.6 millones con servicios de telefonías móviles con comunicación de datos, se encontraban en situación de abandono en su relación con las empresas de las telecomunicaciones. En el país es común que a esos usuarios se les imponga un contrato de adhesión de 18 meses, que no puede negociar y que no ha sido regulado por el Indotel, y donde las opciones para los clientes son de tómalo o déjalo.

Sobre este tema, los hechos en mercados extranjeros con instituciones más fuertes que las del dominicano, reflejan los costos que para los consumidores significa esa condición de desigualdad a la que se refiere Santos.

El 23 de junio pasado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de España, notificó a la Comisión Europea y a los reguladores europeos su propuesta de revisión de los precios mayoristas de la banda ancha de Telefónica. Según la CNMC, esa revisión permitiría bajar en 45% los precios que Telefónica cobra a otras compañías operadoras, lo que permitirá más competencia y menores precios para los consumidores finales.

En 2001, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina investigó a cuatro empresas, a las que se acusaba de formar un cartel para la provisión de oxígeno medicinal, mediante acuerdos colusorios para controlar las licitaciones de compras públicas y así distribuirse entre ellas y por turnos las adjudicaciones.

“Las empresas Air Liquide, Praxair, Aga e Indura han acordado repartirse los distintos hospitales y sanatorios”, explicó Mabel Caminero, experta en defensa de la competencia. De este modo imponían mayores precios de ventas.

En República Dominicana no se conocen las licitaciones sobre provisión de oxígeno medicinal, ni los proveedores de este producto. Pero el producto de forma marginal se puso en la palestra pública, en octubre de 2014, cuando murieron once niños en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, por “falta de oxígeno”, según lo declarado por su directora Rosa Nieves Paulino.

En julio de 2013, la Comisión Nacional de Competencia, de España, indagó sobre una alza generalizada en los precios del pan, en la misma fecha y por el mismo valor, aplicado por las panaderías de Pamplona. El grupo de panaderías fue condenado a pagar una multa de 2,444,273 euros, recayendo la mayor parte en el Grupo Empresarial Panasa.

En República Dominicana, en abril pasado, la Asociación de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) anunció un aumento generalizado en el pan de agua, desde RD$5 a RD$7, en una práctica que en defensa de la competencia se le denomina cartel de precio, en contra de los consumidores.

Estas y otras experiencias en América Latina y Europa, y de otras regiones en el mundo, por vía de la comparación ponen en evidencia los posibles abusos de mercados a que pueden estar sometidos los consumidores y las empresas competidoras, en República Dominicana.

En el país, desde hace más de un año, persisten las trabas institucionales que se les ha impuesto a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), que le impiden ejercer de forma plena su papel de regulador para una economía de libre competencia.

Un “estudio“ que no concluye

 Desde julio de 2014, la Comisión Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado, que preside el senador Charles Noel  Mariotti, lleva a cabo “el estudio” sobre la plancha que completa el Consejo Directivo de Procompetencia. Estas designaciones son  necesarias para que ese organismo funcione de forma plena. 

La Ley 42-08, de Defensa de la Competencia, “nunca ha existido”, declaró el senador Mariotti en mayo pasado.