El Gobierno de EEUU anunció este viernes que el Departamento de Justicia interpondrá "como tarde el lunes" un recurso de emergencia para pedir la suspensión del fallo de un juez de Texas que impide la entrada en vigor de las medidas ejecutivas sobre inmigración del presidente Barack Obama.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, explicó en su rueda de prensa diaria que el recurso busca suspender el bloqueo temporal decretado por el juez federal Andrew Hanen y que ya ha impedido la puesta en marcha de la primera fase de las medidas de Obama, que debía haber entrado en vigor el pasado miércoles.

Se estima que las medidas migratorias anunciadas por Obama en noviembre beneficiarán a más de 5 de los 11 millones de indocumentados que hay en el país.

Tras conocerse el pasado lunes el fallo del juez Hanen, el Gobierno de Obama anunció de inmediato su intención de presentar una apelación.

Pero este viernes Earnest informó de la decisión de interponer, además, ese recurso de emergencia que busca poder ejecutar las medidas migratorias mientras continúa la instrucción de la causa de una demanda judicial presentada por 26 estados contra las decisiones migratorias adoptadas por Obama sin contar con el Congreso.

El recurso de emergencia se interpondrá, como corresponde, ante la corte federal de apelaciones del Quinto Circuito, situada en Nueva Orleans y considerada una de las más conservadoras del país.

La corte debe pronunciarse al respecto en un plazo de días o pocas semanas.

Si esa corte falla a favor del Gobierno, las medidas migratorias podrían entrar en vigor, pero si ocurre lo contrario el camino previsible es que el caso llegue a la Corte Suprema, el máximo tribunal de EEUU.

Obama, optimista

Obama se mostró el pasado martes optimista al subrayar que tanto la "ley" como la "historia" están de su lado, aunque aseguró que respetaría el fallo del juez Hanen, propuesto para el puesto en 2002 por el entonces presidente George W. Bush.

El pasado miércoles debía entrar en vigor la primera parte del plan ejecutivo de Obama, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y que ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como "soñadores".

Además de a la ampliación de DACA, el fallo del juez Hanen también afecta al programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), cuyo inicio estaba programado para mayo y que busca amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI) cifra en 5.2 millones el número de beneficiados: 3.7 millones elegibles para la DAPA y 1.2 millones para la DACA, de los que 300,000 serían nuevos candidatos tras la ampliación del programa.

La gran mayoría de los estados involucrados en la demanda contra las medidas de Obama están en manos de los republicanos, que se oponen a ellas y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado a bloquearlas dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de su implementación.