El asesinato de cuatro miembros de una acomodada familia puertorriqueña ha despertado un clamor popular por recuperar la aplicación de la pena de muerte, un castigo que no se impone en la isla desde hace 88 años, pese al elevado índice de homicidios en este territorio.

Ciudadanos de diferentes estratos y bagajes mostraban hoy en medios locales y redes sociales su apoyo a la pena capital ante una ola criminal que tuvo la noche del lunes uno de sus episodios más dramáticos, con un asesinato múltiple en un lujoso barrio de las afueras de San Juan.

Uno de esos miles de indignados es Jorge Ramires, economista de 32 años de la capital, que dijo a Efe que apoya la pena de muerte ante hechos como el ocurrido en la urbanización Los Frailes del área residencial de Guaynabo.

"Fue un hecho morboso y macabro", apuntó Ramires, quien recordó que hechos de esa naturaleza no son nuevos en Puerto Rico, donde la inseguridad ha avanzado en los últimos tiempos al compás de una crisis económica que dura ya casi ocho años.

Hasta el momento se ha detenido a dos jóvenes, Christopher Sánchez, de 27 años, y José Bosch. Ha trascendido que el primero de ellos iba a ser desahuciado por no pagar el alquiler de una propiedad del exmilitar Miguel Ortiz, de 66 años, asesinado junto a su esposa, la madre de esta (ambas peruanas) y el hijo mayor de la pareja, de 15 años.

El otro hijo, de 13 años, se salvó al fingir que estaba muerto tras ser arrojado desde un puente después de ser golpeado brutalmente y acuchillado debido a que los atacantes se quedaron sin balas.

A pesar de que la sociedad puertorriqueña está acostumbrada a las noticias sobre asesinatos, el que en esta ocasión el incidente se saliera del habitual ajuste de cuentas entre jóvenes relacionados con el tráfico de drogas y tocara a una familia acomodada ha conmocionado a la población, que ha mostrado su rechazo levantando la voz en favor de la pena de muerte.

La forma en que las víctimas fueron asesinadas, a tiros en la cabeza mientras estaban de rodillas (los adultos en la vivienda y el menor en una carretera cercana), ha causado aún mayor indignación.

La magnitud de la tragedia provocó que el gobernador puertorriqueño, Alejandro García Padilla, mostrara públicamente su dolor y repudio y que las redes sociales se "encendieran" con mensajes en favor de recuperar la pena capital. Incluso, se ha creado la cuenta en Facebook "Pena de Muerte en Puerto Rico".

Una de las pocas voces que se han levantado públicamente en contra de la recuperación de la pena de muerte es la del líder comunitario "Papo Christian", quien afirmó que quienes perpetraron la masacre de Guaynabo son "nauseabundos y canallas", pero no les desea daño físico.

También en contra de la pena capital se mostró el jefe de la Policía de Puerto Rico, José Caldero.

Por contra el exfiscal Ernie Cabán defendió que el crimen no tiene justificación posible y advirtió que las autoridades federales podrían pedir la pena capital, algo que se reclamaba también hoy desde las tertulias de radio más populares de la isla.

Puerto Rico ejecutó por última vez a una persona en 1926 y en 1929 abolió esa práctica. La Constitución local de 1952 ratificó esa medida, por lo que a pesar de que Puerto Rico es un territorio de EE.UU., la pena capital no puede aplicarse en su suelo.

El caso más reciente en el que un puertorriqueño se vio cerca de la pena capital fue el de Alexis Candelario Santana, declarado culpable en marzo de 2013 en un juicio federal por la muerte de ocho personas, aunque la falta de unanimidad del jurado impidió su ejecución, que hubiera tenido que celebrarse en EE.UU.