La solvencia del Gobierno brasileño dependerá de las reformas que la presidenta Dilma Rousseff, reelegida el domingo, adopte para "luchar contra los problemas de crecimiento subyacentes", dijo hoy la agencia de calificación de riesgos Moodys.

De acuerdo con la agencia, tras las elecciones, Rousseff se enfrenta a un escenario políticamente polarizado y con problemas estructurales que deberán ser combatidos con firmeza para recuperar la senda del crecimiento.

"Las decisiones, y quizá compromisos, que la nueva administración tome determinarán cuán exitosa es enderezando los problemas estructurales que en los últimos años han deteriorado la economía de manera significativa", señala Moodys en un comunicado.

Tras haber registrado una expansión del 7,5 % en 2010, el crecimiento de la economía brasileña fue del 2,7 % en 2011, de sólo el 1,0 % en 2012 y del 2,3 % en 2013, y el Gobierno cree que cerrará este año con una expansión del 0,9 %, frente al 0,27 % que esperan los expertos del mercado.

Moodys también "considerará" una rebaja de la calificación si "no se revierte" la tendencia de la deuda fiscal y si el crecimiento del PIB se mantiene en el 1 % o 2 %.

La agencia de calificación de riesgos advirtió que la rebaja de la nota de Brasil dependerá del déficit fiscal, de la deuda del Gobierno y el crecimiento del país en 2014.

Moodys también "considerará" una rebaja de la calificación si "no se revierte" la tendencia de la deuda fiscal y si el crecimiento del PIB se mantiene en el 1 % o 2 %.

En ese sentido, afirmó que las medidas que sean adoptadas en los próximos dos o tres meses marcarán el rumbo de la administración y subrayó que el principal desafío de Rousseff será el de articular un cambio en sus políticas económicas y en los objetivos de su segundo mandato.

Rousseff ganó en la segunda vuelta de las presidenciales con el 51,64 % de los votos, frente al 48,36 % del abanderado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el preferido por los mercados.

La agencia considera que la nueva administración deberá devolver la confianza de los inversores e insiste en la necesidad de implementar "reformas fundamentales" para aumentar el crecimiento a medio plazo y la posición fiscal del Gobierno.

Para Moodys, mientras el Gobierno no fije una política "clara",, "los inversores continuarán su comportamiento de esperar y ver, la actividad económica seguirá tenue y los mercados financieros sujetos a correcciones periódicas".