El nombre de la organización pone los pelos de punta: Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero.  Formalmente el grupo ha documentado decenas de crímenes desde mucho antes de la desaparicion en Iguala de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

"Los descabezados, asesinatos, mutilaciones y desapariciones se volvieron masivas y los vimos por todas partes del estado desde 2007", señala Javier Monroy, director del Comité que se creó tras la muerte del activista y arquitecto Jorge Gabriel Cerón.

Cerón fue "desaparecido" junto  a un ex policía cuando iba a entregarle unos  planos  que le encargó para una casa. Los asaltó un comando armado y se los llevó.

Monrou afirma que Cerón, quien era  parte del movimiento de desarrollo comunitario en Chilpancingo no tenía nada que ver con el  crimen organizado.

El único requisito que pide el comité para darle seguimiento a los casos es que se presente una denuncia en el Ministerio Público y ante  la Comisión Estatal para los Derechos Humanos "como prueba de que la familia da la cara con dignidad porque no tiene nada que ocultar".

Con este perfil han integrado 39 expedientes ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero.

Son pocos -reconoce- si se toma en cuenta que los cálculos extraoficiales contabilizan una muerte o desaparición violenta cada día en la entidad como promedio.

"El problema es que la gente tiene miedo porque las autoridades están involucradas o ponen trabas para recibirlos", comenta. "Aunque también hay casos donde la familia reconoce que la víctima tenía algún nexo con el crimen".

Desde 2007 y hasta que la Policía municipal de Chilpancingo los echó a toletazos de la plaza principal de la localidad, los integrantes del Comité de Familiares recibió entre cinco y ocho personas para reportar desapariciones y asesinatos en el Estado. "La Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero no esclareció ni uno solo".

A partir de 2012, los ataques contra activistas sociales se intensificaron y así comenzó lo que la organización llama la "Segunda Guerra Sucia" en Guerrero para diferenciar los crímenes contra activistas en los años 70 tras una persecución de Estado.

No hay mucha diferencia, desde entonces, observa Monroy, salvo que ahora se le puede echar la culpa al narco, la injusticia prevalece.

"Desde que se creó el Comité en el estado hubo seis procuradores (en la fiscalía locla) y cada vez que entraba uno nuevo nos volvía a pedir los expedientes de los casos porque el anterior los desaparecía: así se perdieron muchas pruebas importantes, así se ha bloqueado la justicia".

Otro caso

Lungino Vicente Morales era un funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Guerrero que desapareció en 2012. Sólo se sabe que fue a visitar a un vecino y que en el trayecto una patrulla de la policía municipal de Chilpancingo lo interceptó.

A su esposa, una joven de 22 años, la Procuraduría de Justicia local le envió a casa una ropa que aparentemente era de Morales, pero luego se desdijo. Luego la llevaron de fosa en fosa, entre las 50 que han localizado en los últimos años para ver si entre el "hueserío" había "algún indicio". No vio nada. Lloró.