El oficialismo aprobó el jueves la ley que cambio el agente de pago de los bonos reestructurados y autoriza la emisión de nuevos títulos bajo jurisdicción argentina y francesa para esquivar la prohibición de cobro de vencimientos de deuda dispuesta por un juez neoyorquino.

La ley, que aún debe ser promulgada por la presidenta Cristina Fernández para entrar en vigor, fue aprobada por 134 votos a favor -entre los que estaban los de los aliados del gobierno y de algunos pocos opositores-, 99 en contra y cinco abstenciones. La votación se produjo después de 16 horas de áspero debate en la Cámara de Diputados. La propuesta ya había sido respaldada por el Senado.

Con la ley, el gobierno de Fernández pretende sortear el bloqueo que a fines de junio aplicó el juez Thomas Griesa al pago de vencimientos de títulos por unos 540 millones de dólares a los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, al entender que los fondos que litigaron contra Argentina en Nueva York y ganaron un juicio histórico deben cobrar antes y al contado unos 1.600 millones de dólares de bonos en cese de pagos desde 2001.

La imposibilidad de cobrar esos vencimientos hizo que calificadoras de riesgo declararan a Argentina en default el 30 de julio.

El próximo vencimiento de títulos es el 30 de septiembre, cuando Argentina debe cancelar unos 200 millones de dólares, lo que provocó que el gobierno apurara el tratamiento de la norma para evitar que esos bonos también entren en cese de pagos.

El titular de la Cámara de Diputados, el oficialista Julián Domínguez, calificó de "momento histórico" la aprobación de la ley. "Cumplimos con defender el interés del pueblo argentino y respetar a 93% de los acreedores que participaron de la reestructuración de la deuda y para el otro 7%... para que puedan cobrar", afirmó el diputado a los periodistas a la salida del Congreso.

La nueva norma introduce la posibilidad de que los bonistas puedan optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos. Argentina podrá así instrumentar un canje por nuevos bonos regidos por legislación y jurisdicción local o por legislación y jurisdicción de Francia.

El primer artículo declara de interés público la reestructuración de la deuda realizada en 2005 y 2010, así como "el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos", esto es, tanto a los bonistas que entraron a los canjes como a los que litigan contra Argentina.

La norma implementa los "instrumentos legales" que permitirán el cobro de la deuda ante la "ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos" depositados por el Estado argentino en el Bank of New York Mellon el 26 de junio dispuesta por del juez Griesa.

A su vez, autoriza al ministro de Economía a remover a dicha entidad bancaria como agente fiduciario y a reemplazarla por Nación Fideicomisos S.A., creada para tal fin en el Banco Central de Argentina. No obstante, la propuesta reconoce el derecho de los tenedores de bonos a designar otro agente de otro país que garantice el canal de cobro.

El gobierno deberá "instrumentar el canje" de los títulos públicos que aún no ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010 y para ello depositará en una cuenta especial en Nación Fideicomisos en las fechas de vencimiento correspondientes "una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los títulos que se emitan en el futuro en reemplazo de aquellos que no ingresaron a los canjes".

Opositores desconfían de la capacidad de Nación Fideicomisos de instrumentar el pago y han puesto en duda que los bonistas quieran o puedan cobrar sus vencimientos en las nuevas jurisdicciones establecidas. Asimismo indicaron que la ley no ayudará a resolver el conflicto con los denominados "fondos buitre".

El diputado del opositor Frente Renovador y precandidato presidencial Sergio Massa dijo que la ley es una "pérdida de oportunidad enorme" para que Argentina se abra a los mercados y acceda al financiamiento que tuvo vedado desde el default de 2001.

En tanto, el diputado izquierdista Claudio Lozano criticó la ley al señalar que "es inocua" debido a que "ninguna ley le puede imponer nada al contrato" ya establecido con los acreedores.

La norma contempla además la formación de una comisión bicameral para investigar la evolución de la deuda externa desde el inicio de la última dictadura, en 1976.