La respuesta desmesurada de la Policía contra manifestantes pacíficos en Ferguson (Missouri) puso los reflectores sobre el controvertido "programa 1033" del Pentágono, que desde la década de 1990 entrega sofisticados armamentos militares a unas 500 agencias policiales en todo EEUU.

"La situación en Ferguson ha dejado en claro que es necesario revisar las políticas y programas que permitieron los incidentes, incluyendo la transferencia de armamento militar a la policía", dijo el congresista demócrata por Nuevo México, Ben Ray Luján.

El programa 1033  fue creado con el objetivo de reforzar el combate contra los narcotraficantes, que solían estar mejor armados que los policías. Tras los atentados de 2001, el programa se justificó para operaciones antiterroristas .

"Con fondos federales, estatales y locales, las agencias del orden han acumulado arsenales militares supuestamente para librar una fallida guerra contra las drogas, cuyas batallas se han enfocado desproporcionadamente en las comunidades de color" advirtió en junio de este año un reporte emitido por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

Apenas un par de meses después, balas de goma y gases lacrimógenos  fueron usados por la Policía de Ferguson, un suburbio mayoritariamente afroamericano,  para dispersar a manifestantes  que expresaban su enojo por la muerte de Michael Brown , un joven de 19 años, a manos de un agente de policía, cuando este se encontraba desarmado.

"Necesitamos políticas inteligentes que permitan que la policía use el equipo adecuado y establezca parámetros razonables para que la fuerza policial no se parezca a nuestras fuerzas militares. Espero poder revisar cualquier legislación para analizar estos asuntos", indicó Luján.

Control sobre la militarización policíaca

El Congreso hará audiencias el mes próximo, y el legislador demócrata por Georgia, Hank Johnson, propondrá reformas al "programa 1033", que ha convertido a algunos departamentos policiales en pequeños ejércitos.

En junio pasado, una enmienda demócrata para restringir el programa fue derrotada en una votación 62-355.

Según la organización Maplight, que rastrea el dinero en la política, los que votaron a favor de continuar el programa han recibido, en promedio, un 73% más de donaciones de la industria de defensa que los que votaron en contra.

Alberto Millán, abogado penalista que ha defendido a decenas de policías implicados en casos de abusos, sostiene que "estos programas ayudan a resguardar la seguridad de la policía y de la comunidad", pero que es necesaria una capacitación adecuada para los agentes.