Un total de 218 madres e hijos han sido deportados en poco más de un mes del improvisado "centro residencial" que abrió el 27 de junio en Artesia, Nuevo México para detener a familias centroamericanas que cruzaron la frontera.

Luego de unos días de pausa en las deportaciones, por la presencia de un caso de varicela hallado a finales de julio, las deportaciones se reiniciaron este lunes 11 de agosto desde Artesia, según informaron portavoces de ICE.

Otras 542 personas, entre madres y niños, esperan allí mismo sin saber si serán deportadas de regreso a Honduras, El Salvador o Guatemala, pero las esperanzas son pocas: según abogados que han visitado el lugar, el proceso acelerado y aislado a que son sujetas allí hace virtualmente imposible el éxito de sus casos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha entregado una cifra general de cuántas familias han pasado por Artesia desde que abrió. Roy Berstein, del National Immigration Justice Center, calcula que más de 800 madres y niños han sido enviados a Artesia en ese tiempo.

Portavoces de DHS indican que el proceso está funcionando como manda la ley. "Los adultos con niños en custodia de ICE mantienen derechos importantes, incluyendo la posibilidad de pedir asilo, apelar a un juez de inmigración si un agente les niega el caso y el de buscar representación legal", indicaron en un comunicado. "Solo un juez puede determinar elegibilidad para el asilo".

No hay señales de que alguna de estas familias hayan sido liberadas bajo fianza desde que DHS decidió argumentar en las audiencias de fianza que liberar a estas refugiadas constituía una "amenaza a la seguridad nacional".

"Nadie está saliendo de Artesia, excepto para ser deportado", dijo Stephen Manning, un abogado de Portland, Oregon que organizó a un grupo de voluntarios para representar casos.

Los casos de asilo y persecución están entre los más complicados en un tribunal de inmigración, explicaron expertos. En casos regulares, los abogados pueden necesitar meses de entrevistas con una víctima de abuso o extorsión hasta que extraen la información necesaria para un argumento.

En las condiciones en que estas audiencias están ocurriendo en Artesia, alegan abogados y activistas, es imposible que el debido proceso legal se esté cumpliendo

"Es muy difícil esto, literalmente estamos peleando con las manos atadas a la espalda y de repente nos imponen algo que ata las manos a la silla", dijo Laura Lichter, abogada de Colorado que la semana pasada estuvo trabajando varios días en Artesia. "Por ejemplo, no nos permiten llevar computadoras o teléfonos dentro del lugar. Y a veces tenemos que preparar un caso en minutos".

Expertos en esta área legal estiman que un alto porcentaje de estas mujeres tienen buenos casos de asilo , pero que es difícil que puedan argumentarlos bien. Estimados realizados anteriormente en el centro familiar T. Don Hutto, en Texas (que cerró hace 5 años tras demandas legales por problemas en las condiciones del lugar), "indican que más de 80% de las mujeres y niños que estaban allí tenían casos de asilo", dijo Michelle Brané, de la Comisión de Mujeres Refugiadas.

"El gobierno está viendo la detención familiar como una forma de deportar rápidamente y bajar el flujo de nuevos refugiados", dijo Brané en una teleconferencia.

El derecho a abogado es irrelevante si la persona no tiene cómo conseguirlo, dijo Manning. "Si, les dicen que tienen derecho a tener abogado y las madres, que llegaron hace unos días de Centroamérica y están en un centro que está a más de cien millas de la ciudad más grande se preguntan: ¿y de dónde lo saco?", indicó.