El presidente Barack Obama solicitó formalmente este martes al Congreso unos $3,700 millones para responder de forma integral a la crisis humanitaria en la frontera sur, con un énfasis en la ampliación de los centros de detención y las deportaciones.

Según una hoja de datos distribuida por la Casa Blanca, el paquete de fondos suplementales solicitado al Congreso se apoya en cuatro pilares: la “disuasión” de la inmigración ilegal; la interdicción y enjuiciamiento de redes criminales; mejoras en los programas de repatriación de los indocumentados, y un incremento en los centros de detención, cuidado y transporte de los niños indocumentados no acompañados.

El documento no menciona la recomendación de modificar una ley federal de 2008 que exige a las autoridades dar a los indocumentados acceso al debido proceso y una audiencia de sus casos ante un juez de Inmigración. Solo el Congreso puede modificar esa ley para agilizar las deportaciones de niños indocumentados procedentes de Centroamérica.

La solicitud de fondos de emergencia, que tiene que ser aprobada en ambas cámaras del Congreso, se produce en unos momentos de gran acritud entre demócratas y republicanos sobre cómo frenar la inmigración ilegal y responder a la crisis actual en la frontera.

La Casa Blanca ha insistido en las últimas semanas en que si bien los niños tendrán derecho al debido proceso, la mayoría no calificaría para asilo o estatus de refugiado y serán deportados.

Resumen de la designación de fondos:

$1,100 millones para la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para cubrir el gasto de transporte de los niños detenidos en la frontera; aumentar las detenciones y deportaciones de adultos con niños; ampliación de métodos alternativos a la detención, y mejorar la vigilancia en la frontera y las investigaciones, entre otros elementos.

$433 millones para la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), para cubrir los gastos de personal e instalaciones, relacionados con la detención de los niños migrantes; mejoras al combate contra el crimen organizado y la vigilancia aérea de la frontera.

$64 millones para el Departamento  de Justicia,  para contratar a cerca de 40 equipos de jueces adicionales para el sistema de tribunales de Inmigración; la ampliación de programas de asesoría legal para adultos y custodios de los menores ante los tribunales de Inmigración; mayor representación legal de los niños en trámites migratorios, y la contratación de más abogados para los trámites de deportación.

$300 millones para el Departamento de Estado y otros programas de ayuda internacional para, con la ayuda de los gobiernos de la región, facilitar la repatriación y reinserción de los migrantes deportados a Centroamérica, además de financiar campañas publicitarias contra la emigración ilegal en México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

$1,800 millones para el Departamento de Salud y Servicios Humanos, para ampliar el cuidado de los niños indocumentados no acompañados y que pasan a la custodia de esta agencia federal luego de que son detenidos en la frontera.