Por: Mario Rivadulla/Acento - 13/06/2018
No es exagerado advertir que para el Procurador General de la República y el Poder Judicial el expediente por corrupción de la Odebrecht va a ser una especie de papa caliente. Y que, por más vueltas que se le de, saldrán con las manos quemadas.
Como cabía esperar las reacciones en contra de la acusación una vez hecha pública por el Procurador no se han hecho esperar. La Marcha Verde, que cobra ahora nueva vida, reaccionó sin demora. A más de vigilia permanente en el Centro de los Héroes, anuncia una serie de actos de protesta, seguramente ya ideados de antemano.
No ha quedado atrás el Centro Montalvo al censurar exclusiones de algunos de los que estaban y reclamar inclusiones de otros que no han sido sometidos. No ha perdido tiempo tampoco Participación Ciudadana en dejarse sentir reclamando mayores esclarecimientos. Y las voces políticas desde los litorales de la oposición descalificando la investigación. Muy activas y críticas como siempre las redes sociales y las opiniones vertidas en comentarios y entrevistas a través de los programas radiales y televisivos.
Como contrapartida, ha habido también manifestaciones de apoyo a la investigación. El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún y el destacado jurista Eduardo Jorge Prats sostienen que el Procurador ha sentado un gran precedente al presentar la acusación con “firmeza y objetividad”, en tanto también le ofrece endoso el presidente de la Alianza Dominicana contra al Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa.
Para Circe Almánzar, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias, del resultado de este proceso dependerán tanto la confianza en la Justicia Dominicana como la lucha contra la impunidad y la corrupción. Y advierte que de salir mal del mismo, las consecuencias pudieran resultar funestas para la institucionalidad del país. Sin dudas, le sobra razón.
Se trata de un expediente en extremo voluminoso, donde varios fiscales y un gran personal de apoyo, estuvieron agotando un período de investigación de casi año y medio. Durante el mismo, según informa la Procuraduría, reunieron un abultado fardo de pruebas que integran mil 711 elementos documentales, materiales, testimoniales, ilustrativos, procesales e interrogatorios para sustentar una acusación de 518 páginas.
(Más debieron ser si la Cámara de Cuentas hubiera rendido a tiempo los informes de auditoría sobre la abultada suma de los sobrecostos pagados por el Estado en todas las obras ejecutadas por la Odebrecht, que entre los presupuestos iniciales y los desembolsos finales pudieran sobrepasar los mil 200 millones de dólares, en casi todos los casos violando la norma legal de que no deben sobrepasar del 25 por ciento del monto original).
De todos modos, la abrumadora cantidad de elementos probatorios sumada a la habilidad de los abogados defensores para apelar a todos los vericuetos del Código Procesal Penal, incidentes, aplazamientos y apelaciones hace suponer de entrada y con toda seguridad, que estamos ante un juicio largo, cuestionado y complejo en el que sería ilusorio esperar un pronto desenlace.
Adriano Miguel Tejada, el director del Diario Libre quien además de destacado periodista es un experimentado abogado extiende esa posibilidad a más allá del 2020. Como reciente referencia menciona el famoso expediente del caso Gürtel en España, que le costó a Mariano Rajoy la jefatura del Estado. Puesta la causa en marcha en el 2007, es ahora, ¡once años más tarde¡ que acaba de ser fallado con severas penas de prisión para el ex tesorero del Partido Popular y demás implicados.
El de Odebrecht es un caso que se debatirá en un doble escenario. Por un lado, el de la Justicia, en cuyo ámbito de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, los acusados disfrutarán de la “presunción de inocencia”, en tanto la fiscalía no pruebe su culpabilidad de manera concluyente con los elementos que figuren en el expediente acusatorio. A estos, obligatoriamente, deberá ajustarse el tribunal al momento de juzgar, con exclusión de la “íntima convicción”. Y de igual modo, las distintas instancias de segura apelación.
Y por el otro, el mucho más complejo y problemático de la opinión pública. Conformada por los medios de comunicación, las agrupaciones políticas, entidades de la Sociedad Civil y las redes sociales, a diferencia de lo establecido en el Código, siempre va a prevalecer el criterio de la “presunción de culpabilidad”, donde cada quien, dependiendo de sus simpatías personales o partidarias, condenará por anticipado a los que aparezcan en su propia y muy personal “lista de corruptos”.
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