Por: Bernardo Vega/Acento - 12/06/2018
A pesar de los esfuerzos y el interés del presidente Medina por transparentar su proyecto favorito, las plantas de carbón de Catalina, a medida que se acerca la fecha de su inauguración su terminación deviene cada vez más opaca.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, anunció que antes de finalizar este año una de las dos unidades entrará en operación y la segunda a inicios del año que viene. Es el único portavoz del proyecto, a pesar de que Jaime Aristy Escuder fue nombrado por el propio presidente como director del mismo, pero como no es un “compañerito” luce que ha sido marginado.
Para esta fecha debieran de haberse definido, con toda transparencia, tres asuntos básicos:
El nombramiento de la empresa que va a administrar técnicamente las dos plantas. Esto fue establecido en la licitación original y reiterado en el reporte de la comisión que encabezó monseñor Agripino Núñez Collado. Y es que no es verdad que “compañeritos” pueden administrar su parte técnica. Desde temprano se decidió que ese administrador técnico no sería accionista, ni director administrativo y financiero. La licitación para esa empresa clave no se ha anunciado.
Las plantas no pueden comenzar a operar sin contar con un inventario de carbón y todavía no se ha anunciado la licitación internacional para escoger al suplidor. Adjudicado el concurso, sería útil comparar el precio a que se va a comprar con lo que pagan las dos empresas privadas que en nuestro país generan energía con carbón.
Hasta ahora los gastos incurridos en construir las dos plantas se contabilizan en los libros de la CDEEE, pues esta es la hora en que la empresa dueña de las plantas todavía no ha sido constituida desde el punto de vista legal y administrativo. Solo después de logrado esto es que se emitirían las acciones y la nueva empresa asumiría las deudas vinculadas a la construcción. Sería esa la que convocaría a la licitación del carbón y firmaría el acuerdo para contratar al administrador técnico. Más importante todavía sería esta empresa la que vendería una parte, o todas las acciones del estado al sector privado, a un precio que se adelanta será conflictivo.
El presidente Medina todavía no ha decidido si quiere vender todas o solo el 49% de las acciones. Un periódico reportó que nuestro ministro de hacienda, Donald Guerrero, viajó a Pekín para ofrecer ese 49% a empresas chinas. Podría o no ser cierto, ya que podría haber ido para obtener de los chinos lo que consiguió el presidente Oscar Arias de Costa Rica cuando firmó con Pekín y abandonó a Taiwán: la compra de bonos soberanos por parte de los chinos a una tasa muy inferior al mercado para con esos recursos recomprar deuda cara. Pero de ser cierto, dudamos que los chinos se interesen en un proyecto que desde el principio no fue “suyo” y que desde el principio ha sido muy controversial, ni que quiera ser socio minoritario junto con un Estado mayoritario que administra a la OMSA y a ingenios vinculados a la corrupción y a fuertes pérdidas. Igualmente, el Estado es administrador de un sistema eléctrico, incluyendo a la CDEEE y a las Edes, donde no existen estados financieros auditados independientemente y donde, a pesar de las promesas dadas públicamente por el presidente Medina durante sus dos primeras rendiciones de cuentas los 27 de febrero, todavía no pagan el consumo un 30% de los usuarios de la energía eléctrica, teniendo Hacienda que subsidiar a todo el sistema.
De que la entrada de las plantas en Catalina reduzcan al público consumidor el costo de la energía que pague (o no pague) dependerá del precio del carbón el año que viene y del resultado del laudo arbitral intentado por el consorcio constructor de la obra, por un monto equivalente a una tercera parte del costo original de las plantas, lo que en caso de perder el Estado el pleito, subiría su costo extraordinariamente.
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