Por: Eddy Olivares/Acento.com.do - 08/06/2018
En el pobre y contaminado debate de la Ley de Partidos, la oposición, la Junta Central Electoral (JCE) y la sociedad civil han sido arrastradas por las enardecidas olas de la confrontación interna del hegemónico Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Como era de esperarse, una parte del liderazgo político ha antepuesto sus intereses coyunturales al de la nación. Esa es la razón por la que es recomendable que las reformas políticas se hagan muy cerca de las últimas elecciones y bien distantes de las siguientes. De haber sido así tendríamos, con toda seguridad, desde hace varios meses, una Ley de Partidos con primarias abiertas, simultáneas y organizadas por el órgano supremo electoral, que es lo más conveniente para nuestra democracia de partidos.
Ninguna otra organización necesita más la Ley de Partidos que el PLD, tan solo para que la Junta Central Electoral, como tercero imparcial, lo auxilie en el arbitraje del aventurado proceso de elección de sus candidatos a los cargos de elección popular del 2020.
Sin embargo, lo más sorprendente es que sea el presidente Leonel Fernández quien más haya dificultado la aprobación de la referida norma, a pesar de ser quien más la necesita.
¿Qué no hubiera dado el presidente Danilo Medina para que la JCE arbitrara las elecciones internas del PLD cuando tomó la decisión, para muchos temeraria, de enfrentar, infructuosamente, al presidente Leonel Fernández, en su reelección del 2008?
La Junta Central Electoral se negó a fiscalizar las elecciones internas de los partidos, dejando abandonado a su suerte a Danilo Medina, el más débil, frente al presidente Leonel Fernández, entonces propietario de turno del monstruo poderoso que Thomas Hobbes bautizó como el Leviatán.
Así como los dirigentes locales de los partidos sufren en cada proceso interno la consecuencia de desafiar a los, casi siempre invensibles, alcaldes reeleccionistas, que los aplastan con sus nóminas, contratas y demás bienes del ayuntamiento, el entonces precandidato, Danilo Medina, vivió la amarga experiencia de enfrentar, dentro de su partido, al Estado.
Subestimar el gran poder del Estado, no obstante que Danilo Medina no podrá repostularse, podría ser un grave error del presidente Fernández.
Por más minimalista que resulte ser la Ley de Partidos, además de la fiscalización de las primarias internas por parte del órgano electoral, limitará el tiempo y los gastos en las precampañas y controlará el uso de los bienes públicos, lo que resulta favorable para los opositores internos del gobierno.
Los precandidatos presidenciales se comportan como si la Ley de Partidos solo fuera a tener efecto para ellos, lo que les hace olvidar que también lo tiene para los dirigentes que aspirarán a senadores, diputados, alcaldes, regidores y vocales de distritos municipales, para los cuales estos cargos son tan importantes como la presidencia para quienes tienen el privilegio de aspirar a ella. A estos dirigentes les importa la aprobación de la ley, para que las élites de sus partidos no les puedan arrebatar las candidaturas después de haberlas ganado.
Quienes están jugando a dificultar la aprobación de la Ley de Partidos deben estar conscientes que sin ella la JCE no intervendrá en las elecciones internas de los partidos. En consecuencia, ninguno tendrá calidad para proclamar como Danilo: “Me venció el Estado”.
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