Por: Adriano Miguel Tejada - 04/06/2018
A partir del año 2005, el país comenzó a ser dotado de una serie de leyes para organizar y transparentar las operaciones del sector público. Fue una verdadera revolución legal que buscaba terminar con décadas de malas prácticas, de falta de controles y de escasa transparencia en la gestión pública.
Los resultados han sido notables en algunos casos, esperanzadores en otros, pero en todos, ya sea por la evolución de las cosas, o por fallas en la redacción de los textos que no podían prever todas las situaciones, se han podido apreciar puntos de mejora que recién se comienzan a discutir. La Ley de Compras y Contrataciones es un caso en punto.
Nadie puede negar lo que se ha logrado en el campo de las compras del Estado aunque todavía queden lagunas que llenar y cabos que amarrar.
Una medida de carácter práctico, como era la compra de combustibles, las reparaciones de vehículos y la compra de pasajes aéreos, ya vimos los problemas que causó en la OMSA y posiblemente en otras dependencias del Estado cuyos casos no han salido a flote.
Los concursos declarados de urgencia, sin que exista urgencia alguna, figuran entre los puntos que se deben amarrar para evitar prácticas corruptas ancestrales en el Estado dominicano, así como un mayor control de las empresas que participan en los concursos. Es inadmisible que concursen empresas sin domicilio conocido o de un mismo dueño, como es una práctica común en ciertas compras.
“La vida es más sabia que el legislador”, decía un insigne tratadista francés, y es lo que nos han enseñado estas leyes. Ya existe la experiencia suficiente para una modificación mayor de esas normas. Manos a la obra.
atejada@diariolibre.com
No hay Comentarios Agregados...