Por: Editorial/Acento.com.do - 20/04/2018
La Cámara de Cuentas dio a conocer el informe sobre las deficiencias administrativas de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y con ello realizó un servicio que el país esperaba, para alcanzar transparencia en las instituciones estatales. Fue un momento de lucidez de los miembros de la Cámara de Cuentas, y merecen la felicitación del país por divulgar con tanta amplitud como lo hicieron unos resultados que nos han dejado a todos indignados.
Pero, siempre hay un pero, la Cámara de Cuentas tenía una intención que iba más allá de la transparencia en la OMSA: La oscuridad de sus propias actuaciones. La divulgación no fue porque ellos querían transparencia, fue por oportunismo y para utilizar el deseo del país en un caso con ramificaciones criminales como ventaja.
La Cámara de Cuentas está bajo sospecha de ilegitimidad por las decisiones administrativas de promover el aumento de sus salarios, en forma desproporcionada, utilizando una resolución de los miembros de la Cámara de Cuentas que terminaron yéndose por la indignación que generó su propio aumento de salarios.
Una forma de distraer a los grupos de presión y a los medios de comunicación fue lanzar los resultados de la auditoría de la OMSA. Que todo la atención se centrara en esos datos impresionantes de irregularidades y que no se siguiera reclamando el juicio político que tantos han pedido para los actuales miembros de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Diputados optó por crear una comisión para investigar las operaciones de los miembros de la Cámara de Cuentas, y eso también fue motivo de indignación. Partidos opositores denunciaron la maniobra de los diputados oficialistas.
Distraer la atención es un recurso político inteligente, y los miembros de la Cámara de Cuentas así lo han hecho. Alicia Ortega, por ejemplo, se pregunta por qué fue tan expedita y rápida la información sobre el caso OMSA, cuando ya se cumple un año de que la Procuraduría General de la República pusiera en manos de la Cámara de Cuentas las operaciones financieras de Diandino Peña en la OPRET. Obvio, la complicidad salta a la vista. Proteger a los funcionarios señalados con pruebas parece ser un objetivo de la Cámara de Cuentas. Y así se da el famoso quid pro quo, de dar ventajas para recibirla, y que la impunidad esté garantizada para todo el cuadro político que se aproveche del Estado.
Es una fatalidad que sea de ese modo que la Cámara de Cuentas sirve al país. Mejor no tenerla, y así nos ahorramos el costo de alimentar a tantos burócratas con fondos públicos.
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