Por: Marisol Vicens Bello/Acento - 05/04/2018
Algunos de los vicios que afectan a nuestra sociedad son la falta de sinceridad, responsabilidad y doble moral con que muchas de nuestras autoridades y líderes políticos manejan los temas nacionales.
Esto se refleja en la discusión y aprobación de nuestras leyes, lo que ha provocado que vivamos en un Estado de reglas que dista de ser un verdadero Estado de Derecho, muchas de las cuales son dictadas sin real intención de cumplirlas por pura demagogia o aprobadas únicamente para generar más puestos públicos para repartir, sin tomar en cuenta las consecuencias que se derivan, como dejar demarcaciones sin cortes judiciales, lugares para disponer de sus residuos o hasta para dar sepultura a sus muertos.
Lamentablemente esto se ha vuelto una espiral negativa, pues como no se legisla a conciencia ni con la determinación de hacer cumplir la ley, la profusión legislativa es cada vez mayor, lo que no solo hace más complejas las actividades productivas y el quehacer ciudadano, sino que deriva en contradicciones entre leyes y entre estas y la propia Constitución, y profundiza la desigualdad ante la ley.
Si la doble moral y los intereses coyunturales no primaran, no tendríamos que estar sometidos al esquizofrénico vaivén de la regulación de la reelección, lo que sucede es que cada vez que se ha aprobado una modificación constitucional no se ha hecho con la real intención de cumplir con la modalidad acogida, sino de acomodar el interés de quien al momento ostenta el poder.
Igualmente, si los principios cardinales de nuestra Constitución y nuestra democracia fueran realmente asumidos y no simples intenciones, los poderes y órganos fundamentales del Estado operarían de forma independiente o autónoma y no como marionetas de quienes los designan, las fiscalizaciones serían ejercidas por los órganos de control y las sanciones a las faltas cometidas serían aplicadas.
La falta de sinceridad no solo provoca repetidas violaciones a la Constitución y las leyes, sino que erosiona la confianza en las instituciones, desvirtúa el imperio de la ley y crea graves distorsiones. Ejemplos de esto sobran, como es el caso de la descentralización que ordena la Constitución, pero que en la práctica el gobierno central hace todo lo contrario, ejerciendo cada vez más funciones que no le corresponden a través de algunos ministerios, organizando programas y dotándolos de recursos para ejecutar atribuciones de los gobiernos locales, en vez de asignarles a estos los fondos para que ejecuten íntegramente sus funciones de conformidad con las necesidades de sus municipios, y en vez de transferirles la recaudación de los tributos que deberían corresponderles siguen apostando a eliminarles las fuentes a través de nuevas propuestas legislativas, lo que provoca asimetrías en la distribución de los recursos y aumenta el paternalismo presidencial.
La doble moral se viste de populismo y juega a la polarización de la sociedad, por eso algunos de nuestros funcionarios y líderes políticos intentan apañar la complicidad de nuestro Estado en la inmigración ilegal haitiana con falsos nacionalismos y discursos extremos, o asumen poses de supuesta defensa de derechos para granjearse simpatías con sectores, como es el caso de las domésticas, quienes lo que necesitan es mejores servicios públicos y más oportunidades, y no regulaciones absurdas que nada resuelven.
Debemos hacer conciencia de que si queremos que los problemas del país puedan resolverse y no continuar agravándolos y creando nuevas distorsiones para acomodar intereses políticas de turno, debemos desenmascarar la doble moral, rechazar el populismo y exigir verdaderas soluciones, las cuales solo pueden venir de la mano de un debate sincero de la agenda nacional, una aplicación estricta de la ley y un riguroso régimen de consecuencias.
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