Por: Lilian Bobea/Acento.com.do - 16/02/2018
Jamaica adopta actualmente una política de seguridad dual, la cual parece reflejar aprendizajes del pasado reciente en el control de grupos violentos en espacios confinados, los beneficios potenciales de una política tal descansa en sus costos sociales a largo plazo.
El 18 de Enero del presente año, el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró en Estado de Emergencia Pública el distrito de St. James, localizado al noroeste de la isla, cuya capital Montego Bay es el epicentro del turismo jamaiquino. La razón para tal extrema decisión por parte del gobierno Jamaiquino fue la de reestablecer el orden público y la seguridad en esa parte de la isla, la cual registró a finales del pasado año 335 asesinatos, posicionándose como la zona más peligrosa del país.
Esta semana, el parlamento jamaiquino aprobó la extensión del estado de emergencia en tres otros departamentos, Mount Salem, Denhan y Kingston, y extendió el estado de emergencia por dos meses más en Saint James. El paulatino tránsito del estado de emergencia a lo que parece ser ya un estado de sitio en partes importantes del país, ha sido justificado por los implementadores en base a la necesidad de disponer del tiempo necesario para desplegar servicios sociales e inversiones de infraestructura en las zonas de emergencia. Los indicadores que el gobierno y el parlamento jamaiquino presentan para validar la extensión territorial y temporal del estado de emergencia son: la aparente ausencia de violencia letal proveniente de las bandas criminales, y el no reporte de abusos cometidos por actores del Estado. A estas dos justificaciones agregan la necesidad de mantener un estatus de prevención que facilite las condiciones adecuadas para ejecutar las inversiones sociales previstas en el corto plazo.
Esta declaración de estado de emergencia pública es la sexta que experimentan los jamaiquinos desde que el país obtuviera su independencia de Gran Bretaña a inicios de los 60s. Cuatro de estos seis estados de excepción se asocian con la violencia política y criminal. El primer estado de emergencia fue declarado en 1966 por la administración de Alexander Bustamante (1962-1967) en respuesta a la violencia política generada por sectores que apoyaban al que eventualmente devendría en primer ministro, Edward Seaga (1980-1989). Un Segundo estado de emergencia fue declarado a mediados del 1976, también por razones políticas, para evitar un golpe de estado contra el entonces Primer Ministro Michael Mantley (1972-1980/1989-1992). En mayo del 2010, el Primer Ministro Bruce Golding declaró estado de emergencia tras la zaga desatada a propósito de la captura del Don de la droga, Christopher Dudus Coke, jefe de la Shower Posse, una de las más importantes bandas criminales, y aliado histórico del Jamaica Labor Party, entonces liderado por el propio Golding. Si hay algo consabido en la cultura política jamaiquina reciente es este vínculo espurio entre la criminalidad y la política. El resultado de la persecución y posterior captura de Dudus Coke en el barrio de Tívoli Garden dejó como desenlace 73 muertes de ciudadanos, la soberanía interna y externa seriamente comprometida, y un gobierno deslegitimado, cuyo partido perdió las elecciones subsiguientes en medio de una creciente incredulidad de los votantes en el sistema político jamaiquino.
En ese fatídico estado de sitio del 2010, las Fuerzas Armadas Jamaiquinas (JDF) jugaron un rol principal, coadyuvando la intervención liderada por las fuerzas constabularias de Jamaica (JCF). Este evento a mi juicio constituyó un parteaguas en varios sentidos; por un lado, puso en evidencia la complejidad de la violencia criminal en Jamaica y las implicaciones de su vinculación con la política. También quedó evidenciado los límites de la tolerancia de la sociedad jamaiquina con respecto a este binomio crimen/política.
Más allá de estos resultados, tanto el gobierno, como también los grupos criminales aprendieron lecciones, y las usaron para adaptarse a las nuevas circunstancias. Me explico; La intervención de las fuerzas de seguridad en la toma de Tívoli en el año 2010 fue una punta de lanza para incorporar al ejercito al control de la seguridad pública, ámbito éste que hasta ese momento se había mantenido bajo el dominio policial. Llama la atención el hecho de que este fenómeno no se hubiese producido con anterioridad, si se toma en cuenta que en el Caribe, pocos países poseen a la vez ejércitos y cuerpos policiales, y de hecho el origen de ambos proviene de una matriz constabularia, heredada por cierto del patrón colonizante impuesto por las grandes potencias que se disputaron la región en los períodos de expansión y hegemonía imperialista.
En los años subsiguientes, el descenso de la tasa de homicidios de Jamaica, la más alta de la región del Caribe, de 58 muertes por 100,000 habitantes en 2005 a 42 por 100,000 en 2017, ha sido atribuido en parte al efecto shock que produjo la experiencia de Tívoli Garden. Consecuentemente, este espaldarazo proveyó de una Patente de Corso al Jamaican Defense Force para continuar interviniendo conjuntamente con la Jamaican Constabulary Force en el ámbito de la seguridad pública.
En el 2017 el parlamento jamaiquino aprobó una acta por medio de la cual se establecieron las Zonas Especiales de Operación (SOZO por sus siglas en inglés), y Medidas Especiales de Seguridad y Desarrollo Comunitario. Esta ley pretende contener el crimen mientras promete reguardar los derechos humanos de los residentes, al tiempo que se promueven el desarrollo comunitario y la inversión social. Concomitantemente, la ley otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad (JDF y JCF), tales como: requisar vehículos, lugares, y personas sin necesidad de una orden previa de cateo, ordenar el confinamiento de residentes en sus vecindarios, implementar el cierre de negocios, entre otras medidas.
Esta política encuentra eco en otras iniciativas implementadas en América Latina, siendo la más reciente la creación de las Unidades de Pacificación Policiales (UPP), las cuales se desplegaron al interno de las favelas de Rio de Janeiro entre el año 2014 y los subsiguientes, con resultados mixtos y de hecho cuestionables. Este modelo de policiamiento focalizado descansa en una serie de acercamientos como la concentración en zonas calientes (hot-spots) y la presencia de fuerzas tipo SWATS con perfil militar (armamento, entrenamiento).
Como sucediera en Brasil, hace ya un par de años, Jamaica ha comenzado a implementar un modelo de seguridad ciudadana dual: enfatizando por un lado una estrategia muscular de encapsulamiento militarizado que bien podría decirse refleja aprendizajes de la incursión en Tívoli Garden en el 2010, y abogando, por otro lado, por la revitalización de la presencia del estado a través de la inversión social y el restablecimiento de la credibilidad. La experiencia de Brasil nos dice que si la balanza no se inclina a dar respuestas estructurales a las necesidades y desigualdades locales la sostenibilidad del modelo no solo resulta cuestionable, sino que el intento mismo deviene contra-productivo. La razón fundamental de este argumento descansa en lo que a mi juicio aprendieron las bandas criminales de Tivoli Garden, a saber: Que el descabezamiento de una estructura abre una ventana de oportunidades para la diversificación; sucediendo en Jamaica lo mismo que en Colombia con los carteles de las drogas, la atomización y la fuga de grupos hacia otras áreas del territorio nacional. Asimismo, la confirmación de que ellas también pueden perder la legitimidad alternativa que lograron establecer en un momento. Como corolario de ambos aprendizajes, subyace la convicción de que ningún país, por pequeño que sea, aguanta un estado de sitio perenne, y ningún sujeto social se estanca o permanece inalterado frente a situaciones que amenazan su existencia, y menos aún en escenarios volátiles.
Por lo tanto, la relación que busca restablecer la elite política y gubernamental jamaiquina con su sociedad corre el riesgo de no consumarse si ésta sólo descansa en el poder duro de la coacción, y en un amor tan blando que no sea capaz de garantizar políticas de bienestar social consistentes y sustentables en el largo plazo.
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