Por: César Pérez/Acento.com - 31/01/2018
En su sostenido proceso de organización y consolidación, el movimiento Marcha Verde acaba de plantearse una serie de objetivos de reformas políticas que lo lanza al único escenario donde pueden producirse cambios en la forma en que se gobierna un país: la esfera de la política, o más aún, en el entramado de relaciones interinstitucionales y entre actores y sujetos que configuran un sistema político. Independientemente de sus resultados, este planeamiento zanja la discusión sobre qué es o no es este movimiento. Con este nuevo paso, Marcha Verde está obligada a establecer los alcances de cada una de sus propuestas y, lo más importante, cómo, en cuáles escenarios habrá de lograrlas y con cuál o cuáles fuerzas.
En ese sentido, se plantea la discusión sobre si la esencia del objetivo de reformas planteado por Marcha Verde es posible llevarlas a efecto en el presente marco institucional o si por el contrario se requiere de otro que sea esencialmente su opuesto. Creo que se puede lograr una mejoría del actual marco normativo del sistema electoral para hacer más equitativa la participación de los partidos y movimientos en los procesos electorales, que Ley de Partidos no sea la quiere el PLD, que se pueda lograr un mejor marco competencial de los municipios, algunas reformas en cuanto al ordenamiento territorial, etc., pero para lograr los objetivos centrales planteados por el movimiento Marcha Verde resulta imprescindible crear otra legalidad.
En su proclama, Marcha Verde asume que el desmonte de la estructura de corrupción e impunidad y la vía para llevar a cabo las reformas políticas y sociales que transformen esta sociedad deberá hacerse de “manera democrática a través de una Constituyente”. Un llamado a una Asamblea Constituyente plantea de inmediato la superación de un determinado sistema político por otro esencialmente diferente, por lo tanto, debe plantearse cómo, en cuál escenario y con cuáles fuerzas se constituiría esa Constituyente, la cual puede ser de dos formas: a través de las conquistas políticas que se les arranquen o tengan que ceder las fuerzas ese orden, o a través de una ruptura abrupta o esencialmente violenta de este.
Es de sentido común que esta última opción hasta ahora no sólo es inviable, sino tampoco deseable cuando no se tiene claro el tipo de orden político que se quiere instaurar a través de esa ruptura violenta. De modo que, la opción posible y deseable es en el escenario político porque es el mejor ámbito para la práctica de la democracia en que habrá de descansar el nuevo orden que se pretende construir. Queda pues planteado el tema de la transición hacia ese nuevo orden, en la cual, como nos enseña la generalidad de las transiciones de regímenes esencialmente autoritarios como que el presente, participan movimientos de masas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil etc. En el diseño de las acciones futuras de Marcha Verde para la consecución de sus propuestas la articulación de esos sectores es imprescindible.
Definirse frente a estos temas no es solo tarea de quienes en Marcha Verde dieron un nuevo paso, sino también quienes siendo parte de la misma tienen posiciones divergentes. A este propósito es necesario subrayar que entre las diversas componentes de Marcha Verde son ostensibles e importantes las diferencias de enfoques sobre lo que es o debe ser este movimiento, sobre la forma en que se toman las decisiones fundamentales, en cuanto a la forma en que debe conducirse este debe ser conducido. Sin embargo, la realidad política que sirve de contexto al movimiento obliga a definiciones, independientemente de las consecuencias que estas puedan tener; es el momento en que también se definen y templan los liderazgos y sus niveles de responsabilidad en lo político y en lo personal.
En definitiva, la trascendencia del nuevo paso dado por Marcha Verde es que el mismo la obliga a confrontarse con las diversas componentes del sistema político del país sin que ese movimiento tenga un fuerte líder carismático (por fortuna) que determine el carácter casi inapelable de sus decisiones. Por lo tanto, como componente emergente del sistema, sus principales dirigentes deben manejarse como liderazgo colegiado, donde la nefasta propensión a la exclusión, tan presente como en la cultura política dominicana, sea mantenida a raya, apostando a que la inclusión y articulación de la diversidad sea la norma. No la excepción.
Esto vale para todas las componentes que, a pesar de sus diferencias han hecho posible que hoy la Marcha Verde sea una referencia en nuestro sistema político. A ese logro nadie debe renunciar, independientemente del legitimo interés de cada una de conducir o reconducir el movimiento.
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