No habría que repetirlo. En una auténtica democracia, sería una necedad recordarlo. Pero aquí tenemos que repasarlo constantemente: sin credibilidad, independencia, y efectividad institucional, no existe el Estado de derecho. En democracia, los diferentes poderes del Estado deben ejercer libre de  injerencias.

En esta república no sucede así. Sin embargo, para sorpresa de todos, algo diferente y esperanzador ocurrió en estos días: la Junta Central Electoral comienzó a mostrarse independiente.

Contrario a la cantaleta cómplice y burlona que escuchamos a los nuevos funcionarios recitar al instalarse en sus cargos, en la que declaran que  “el pasado es el pasado y lo importante es el futuro…”, la actual JCE que, debo decirlo, también se  inició con dudas (aumentada por una controversial declaración de su presidente), parece decidida a salirse de la fatídica costumbre del encubrimiento y a rescatar el respeto del votante. Publicaron sin censura un meticuloso estudio técnico sobre sus máquinas electrónicas de conteo. La colectividad lo ha celebrado.

El  documento detalla el funcionamiento y utilidad de los equipos adquiridos  por la anterior junta electoral. Sus conclusiones son graves, espeluznantes, y exigen una investigación judicial. No sólo apuntan a un desfalco descomunal, sino a la posibilidad de que se hubiese intentado descomponer el anterior proceso electoral.

La desconfianza que mantiene la Procuraduría a través de sus cuestionables actuaciones, aseguran que, una vez el documento en sus manos, correrá la misma suerte que otros tantos expedientes: el mangoneo. Pero la JCE cumplió y debemos felicitarla. Con ese gesto responsable, aumentan la posibilidad y la creencia de que las próximas elecciones se llevarán a cabo como Dios manda.

Ahora bien, la responsabilidad del tribunal electoral con esta nación no termina con ese  informe. Para llevar hasta el final  sus deberes, ahora les toca publicar sin dilación la contabilidad de la administración anterior. El rumor público, a través de bien fundamentadas denuncias, asegura que sus antecesores malgastaron cientos, o miles, ¡vaya usted a saber!, de millones de pesos que terminaron engrosando fortunas individuales. De ahí la necesidad impostergable de mostrar esa auditoria como el   colofón necesario al destape inicial.  De no hacerse así, seguirá rondando la duda en la junta y la incertidumbre entre la ciudadanía. Reservo una ovación de pie para ese momento. Por ahora, solamente aplaudo.

Han creado un suspenso, espero que lo resuelvan felizmente desvelando las cuentas de la anterior JCE. Tienen el poder que otorga la Constitución, jueces interesados en demostrar su independencia, un país que reclama justicia, y unas elecciones futuras que deben estar libres de sospecha. No pueden contemporizar ni tapar a nadie, mucho menos apandillarse con personajes o grupos políticos.

Ese tribunal electoral, escogido por consenso, necesita demostrar que su casa es la de todos y que la quieren limpia, sin basuras escondidas. Entiendo que no es fácil hacerse confiable dentro del desastre institucional y político donde los miembros de la JCE escogieron ejercer, pero ya han marcado una diferencia y no pueden quedarse a mitad del camino. Publiquen esa auditoria. Será una manifestación de autonomía y de respeto a la democracia.