La República Dominicana no ha tenido ningún gobierno que de prioridad a la mejoría de las viviendas para las familias pobres.

Joaquín Balaguer construyó viviendas para las clases medias. Grandes urbanizaciones se levantaron con fondos públicos, para ser colocadas en manos de sectores sociales con influencia política y condiciones económicas para construir sus propias viviendas. Los Prados, El Millón, Mirador Norte y Mirador Sur, las torres de El Embajador y muchas otras urbanizaciones nacieron en la época de la bonanza azucarera. Y luego surgieron proyectos como Las Caobas, para desplazados de los barrios más pobres, sin que tuvieran significación en la modificación de las políticas públicas hacia la vivienda.

Ciudad Alternativa y OXFAM han lanzado una campaña para hacer nota el déficit habitacional en el país, y para sugerir al gobierno disponer de fondos para mejorar las viviendas en peores condiciones, y de ese modo rescatar la dignidad de los habitantes de los lugares más deplorables del país, especialmente los que se encuentran en el Gran Santo Domingo.

La campaña viene acompañada de un documento titulado “Se buscan recursos para garantizar derechos”, que contiene un cálculo del espacio fiscal para reorientar los recursos públicos malgastados y dedicarlos a la garantía de derechos como el de la vivienda.

Lo que más dignifica y puede ayudar a las familias a salir de las condiciones de miseria y pobreza es la tenencia de una vivienda propia y con condiciones mínimas de servicios. El sueño más importante para cualquier familia dominicana es tener una vivienda.

Hay dos déficits a los que se debe hacer frente: Uno es el cualitativo. Hay muchas viviendas con problemas de estructura o de servicios básicos que pueden ser mejoradas, sin que haya que destruirlas y construirlas nuevamente. Y el cuantitativo, que incluye las viviendas inservibles, que están en tan malas condiciones que es como si no existieran. A ello se suma las viviendas que hacen falta para albergar a las familias que van surgiendo.

En último Censo nacional de población y vivienda (2010) se registró un parque habitacional de 2.6 millones de viviendas ocupadas y de 408 mil viviendas desocupadas. El 28% de la población dominicana vive en lugares que no tienen déficit, que están en condiciones de ser habitadas, pero el 71% de la población, casi 7 millones de personas, vive en lugares con déficit, o viviendas con deficiencias en la estructura o en los servicios. Esto quiere decir que cerca del 70% de la población vive en lugares que no tienen las condiciones mínimas para ser ocupadas.

Ese es un problema que la sociedad viene arrastrando desde hace muchos años. Y los problemas empeoran, porque la migración del campo a la ciudad ha sido cada vez más vertiginosa. Hoy el 75% de las personas vive en centros urbanos. La pobreza en los campos ha incentivado un proceso de urbanización caótico, que genera serias distorsiones y hasta dislocamientos de las débiles y pobres políticas públicas de mejora de las viviendas que hemos puesto en marcha.

Estamos entre los países con menor porcentaje de su población que utiliza fuentes mejoradas para abastecimiento de agua potable. Uruguay está en primer lugar de América Latina con un 99.7% de su población, y Haití está en último lugar, con un 57.7%. Detrás de Haití estamos los dominicanos, con un 84.7%

Igual nos ocurre cuando analizamos las viviendas con acceso a desagüe, a electricidad y a agua potable.

El país tiene que definir políticas de viviendas más priorizadas, destinar más recursos, y que los proyectos habitacionales no sean los discriminatorios de siempre, que son construidos en centros urbanos, con costos elevados, y son entregados a los militantes del partido de gobierno, que a su vez son propíetarios de viviendas o tienen condiciones para adquirirlas en el sector privado. Y el Estado se olvida de los desamparados.

Es un gran tema sobre el que corresponde al gobierno tomar decisiones.