La Fiscal de la provincia Santo Domingo y la Policía Nacional ofrecieron la versión preliminar de los causales y hechos ocurridos en ocasión del asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez.

Es evidente que se trata de informaciones preliminares que no satisfacen completamente a la opinión pública, pero no se puede esperar más en vista del poco tiempo transcurrido entre los hechos y el anuncio. Por tanto, debemos esperar a una versión más acabada.

No obstante, quedan algunos cabos sueltos que deberán ser enlazados firmemente a la hora de presentar el caso ante los tribunales. En primer lugar, es punto menos que imposible que dos subalternos se atrevan a tomar una decisión de esa categoría por voluntad propia. Alguien tuvo que incitarlos, ya sea por lealtad o por un jugoso premio, o quizás estaban ligados a una cadena de corrupción que, según anunció la Fiscal, se está investigando profundamente.

En segundo lugar, el solo anuncio de que el director de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses le pidiera a un amigo que financiara el soborno lo implica en varios delitos que deben ser investigados, como se dice ahora, “hasta las últimas consecuencias”.

Y tercero, nadie puede negar la existencia en el país de grupos de profesionales de la extorsión que tienen alguaciles, abogados y funcionarios judiciales a su servicio. Esto no quiere decir que el occiso formara parte de una organización de este tipo, como se ha señalado, pero hace plausible el móvil del asesinato.

Lo sensato es esperar el curso de las investigaciones, pero con la mirada vigilante, para que este caso no constituya una nueva frustración para los dominicanos.

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