El Estado dominicano se ha caracterizado históricamente por tener un conjunto de instituciones que han operado con gran ineficiencia por la corrupción y la escasa profesionalización.

Durante 31 años de dictadura trujillista, el Estado fue utilizado fundamentalmente para reprimir la población y aumentar exponencialmente la fortuna del dictador y sus allegados. La sociedad funcionaba al antojo del déspota.

Durante 22 años de gobierno balaguerista, la corrupción y el clientelismo definieron los parámetros de la ineficiencia pública. A pesar del crecimiento económico de esa época, el país no logró avances importantes en educación, ni en salud pública, ni en el desarrollo de una economía competitiva y redistributiva. Se reprimió a los disidentes durante los primeros años del régimen, y las fuerzas del orden público (policías y militares) no desarrollaron instituciones modernas de seguridad ciudadana.

La autoridad civil de Balaguer se impuso a la militar mediante un sistema de amplia corrupción en las instituciones armadas, y mientras los oficiales se enriquecían, el país transitaba por un deterioro del control fronterizo y del orden público. Ahora se sienten los efectos nefastos de esa corrupción e ineficiencia militar y policial.

Los 12 años de gobiernos del PRD fueron tres episodios decepcionantes. En la década de 1980 fracasaron en impulsar el anunciado proyecto socialdemócrata. Nada de primero la gente. Las dificultades económicas y los pleitos intra-partidarios dominaron las gestiones perredeístas de 1978 a 1986, y la de 2000-2004 se hundió con la crisis financiera. En todas resonaron casos de corrupción.

Los 17 años de gestión del PLD han sido una perpetua discordancia entre el discurso de modernidad y la repetición de prácticas políticas nefastas del pasado: corrupción, clientelismo y caudillismo, que obstaculizan el desarrollo de la democracia y la economía.

Actualmente, el Estado Dominicano se encuentra atrapado entre las demandas de distintas clientelas políticas del PLD y sus partidos aliados para que prosiga el reparto ilegal de recursos públicos. Con tanto tiempo en el poder y robos acumulados, los escándalos de corrupción proliferan.

Estos robos se convierten hoy en la amenaza principal para derribar la legitimidad gubernamental; y ni el presidente Danilo Medina, ni el presidente del PLD, ni su comité político captan con precisión la magnitud del problema. Asumen que como hay tantas personas involucradas en la corrupción pueden hacerse los chivos locos, y desde sus posiciones de poder ignoran o justifican los escándalos, y en el mejor de los casos, toman medidas tibias. Ellos, en vez de ser parte de la solución, son parte del problema.

Actualmente, los tentáculos de la corrupción se han expandido por doquier, y el robo se ha hecho modus vivendi en la sociedad dominicana bajo el auspicio del Estado.

Si el PLD desde su máxima dirección no enfrenta con voluntad férrea la corrupción, morirá por tantos robos.

Ojo: ningún gobierno es inmune al colapso por más precaria que sea la oposición. En una crisis de legitimidad siempre aparece algún “salvador”, aunque luego se convierta en opresor.

El robo, como todos los vicios humanos, es adictivo; y a mayor adicción, más alarmantes y frecuentes los escándalos. Los excesos de corrupción se muestran cada vez más estrambóticos y repugnantes; y la chapucería con que se ha organizado el sistema de impunidad se devela horripilante.

No hay que hacer gran esfuerzo para entenderlo, la lista es larga y conocida: Súper Tucanos, OISOE, CEA, CORDE, Odebrecht, OMSA, etc., etc. Toda esta corrupción y los muertos son responsabilidad del PLD. No pueden ya tapar el sol con un dedo, ni usar a Juan Bosch de capote.