En un mundo ideal, cada futuro ciudadano debe conocer sus derechos y deberes. Así, el convenio firmado en días pasados por el MINERD y el presidente de la Cámara de Diputados para divulgar la Constitución y los valores patrios, y para promover la convivencia pacífica en las escuelas, con visitas previstas a la Cámara de Diputados por grupos de estudiantes, nos parece responder a un modelo válido e interesante.

Podríamos soñar que en ese mundo perfecto, de la misma manera, el MINERD firmará un convenio con Profamilia para que, sin más tardar, esta institución especializada en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con más  de 50 años de eficaz trabajo en la sociedad dominicana, se encargue de los cursos de educación sexual científica en las escuelas públicas. Con docentes expertos en estos temas, se establecerían las bases para que no sigamos siendo un país de niñas madres y respetemos los mandamientos del artículo 56 de la constitución dominicana sobre la protección de los niños menores de edad, así como todos los tratados internacionales sobre la niñez ratificados por el Estado dominicano que, por ese hecho, adquieren valor constitucional.      

En este mundo distinto los senadores y diputados serían gente respetada por el modo diáfano de su elección y las labores desplegadas en sus comunidades. Sus comportamientos reflejarían los valores patrios que van a defender frente a los estudiantes. En este otro mundo de ensueño no habría barrilitos, la justicia no sería el relajo que es ahora, la corrupción no sería un flagelo generalizado y la impunidad habría sido superada.

La Constitución no sería tampoco un pedazo de papel que se modifica a cada rato según el antojo reeleccionista del presidente en ejercicio y los derechos constitucionales de los ciudadanos no serían burlados como lo son tantas veces en la actualidad. 

El nuevo país que soñamos irá emergiendo en la medida que vayan siendo superadas las graves limitaciones socio económicas y socio culturales que frenan el crecimiento individual y colectivo de la mayor parte de nuestra gente.

Se impone, con urgencia, la realización de acciones concretas que permitan a los grupos más vulnerables de la sociedad trascender la condición infrahumana en que sobreviven.

Es en estos grupos que la educación es más deficiente, que la violencia machista hace más estragos, que los matrimonios de menores proliferan en medio de la más “natural” tolerancia, que las niñas paren por millares, que se cuentan por decenas las muertes extra judiciales y de policías. 

Si se cumpliera el acuerdo que el MINERD ha firmado con la Cámara de Diputados nuestros jóvenes habrían visitado el Congreso Nacional y leído la Constitución, pero en su vida cotidiana seguirían siendo, sin protección ni prevención, prisioneros de su mundo de limitaciones y violencia. No sabrían cómo aprender la autoestima, a valorar su cuerpo, a entender los fenómenos de la pubertad, de la reproducción, el derecho a una sexualidad sana y a la no discriminación. No sabrían tampoco cómo protegerse de la violencia social y de su propia violencia, producto de una sociedad que no cuida a sus niños, niñas y adolescentes.