Otro de los temas que tiene varada la yola de la Ley de Partidos es el del financiamiento.

Como sabemos, en nuestro país existe un doble financiamiento a los partidos: el público, a aquellas instituciones partidarias que mantienen su reconocimiento, y el privado, que son fondos que provienen de todas partes, desde el bolsillo del candidato y actividades lícitas, hasta del narcotráfico y el juego.

El financiamiento público está distribuido inequitativamente entre los partidos que obtuvieron el 5 por ciento de la votación, que se llevan el 80 por ciento de los fondos, y los demás que se reparten el restante 20%.

No hay límite para la recepción de fondos privados ni tampoco para el gasto político y electoral.

En la Ley Electoral y de Partidos se busca transparentar el dinero privado y limitar el gasto. Ante ambas situaciones, los partidos se oponen con argumentos varios.

Por una parte alegan que transparentar a los donantes es someterlos a las arbitrariedades de las autoridades si apoyan a la oposición, lo cual disminuiría sus aportes, acentuando la disparidad de recursos entre el partido de gobierno y sus contrarios.

Limitar el gasto ha sido bandera de la oposición, y el gobierno ni habla de eso.

Es evidente que debe existir algún tipo de ley de armas en las campañas electorales, tanto internas como nacionales. No es lo mismo disparar con un cañón que con un revólver “marmita”, más sin embargo, la diferencia de recursos no ha sido obstáculo para sacar del poder a un partido que se agotó o que presenta a un candidato malo. El problema está en las municipales y legislativas, pero hablaremos de eso en otro AM.

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